Los ayuntamientos dispondrán de superávit para hacer frente a la COVID-19

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hoy el decreto que posibilita a los ayuntamientos disponer de su superávit para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y entra en vigor hoy.

El decreto recibió el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el voto favorable de su presidente, el socialista Abel Caballero, con el que desempató la votación.

Los ayuntamientos que decidan usar su superávit de 2019 deberán remitir al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 un “compromiso firme, vinculante e irrenunciable” de transferir esos recursos al Estado. Esos compromisos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.

A cambio, el Estado realizará un préstamo a las entidades locales que será amortizado en el plazo máximo de 15 años, a partir de 2022, y que tendrá un tipo de interés anual que no superará el de la financiación de la deuda del Estado.

Por otra parte, el Estado dotará un crédito extraordinario para la recuperación económica y social por un importe máximo de 5.000 millones de euros, equivalente como mínimo al 35 por ciento de los recursos comprometidos por las entidades locales, que se repartirá en 2.000 millones este año y 3.000 millones el próximo.

También se habilita un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con objeto de dotar de mayor financiación a las entidades locales para hacer frente al déficit extraordinario motivado por el Covid-19 en los servicios de transporte público de su titularidad, por un importe inicial de 275 millones, que podría ascender a 400 millones en el caso de que sea necesario.

Además, los ayuntamientos con problemas de liquidez o en riesgo financiero podrán formalizar préstamos con las diputaciones provinciales o concertar operaciones de crédito con los ayuntamientos que presenten ahorro neto, así como realizar, con cargo al superávit de 2019, transferencias corrientes, de carácter finalista, a los ayuntamientos citados, considerándose excepcionalmente en 2020 como inversiones financieramente sostenibles y no computando en regla de gasto.

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