Las Cortes de Castilla y León se pronunciaron en octubre de 2020, hace menos de un año y medio, a favor del «legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, mediante un referéndum libre y democrático, como paso final al proceso de descolonización inacabado».
Así lo recogía una proposición no de ley conjunta que presentaron los grupos Socialista, Popular, Ciudadanos y Mixto de la anterior Legislatura en defensa del respeto de los derechos del pueblo saharaui. La iniciativa fue aprobada con tan solo una abstención por el Pleno del parlamento en la sesión del 7 de octubre de 2020.
Este viernes, el Palacio Real de Marruecos difundió una carta donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que la propuesta de autonomía que presentó Marruecos ante Naciones Unidas en abril de 2007 es la “base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”.
Asimismo, el texto instaba al Gobierno a exigir a Marruecos el «escrupuloso» respeto a los derechos humanos en los territorios «ocupados» del Sáhara Occidental y el cese de las vulneraciones de derechos. Además, le pedía que trabajara activamente, en el seno de Naciones Unidas y de la Unión Europea, para que la MINURSO viera ampliadas sus funciones también a la vigilancia y salvaguarda del cumplimiento de los derechos humanos.
También exigía el respeto a los derechos humanos de la población saharaui en su participación como miembro, para el período 2018-2020, del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Ginebra, así como que se avance hacia el otorgamiento de un estatus diplomático a la Representación del Frente Polisario en España, como único y legítimo representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU. Así mismo a que se reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Finalmente, pedía el aumento de la cooperación y la ayuda humanitaria con la población saharaui, tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios liberados. Además, un mes antes, la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, pidió reconocer la nacionalidad española a todos aquellos miembros del pueblo saharaui que nacieron y vivieron en el territorio del Sahara español mientras fue provincia española desde 1959 hasta 1975.