Según el sindicato CSIF: «La situación de dificultad que atraviesa nuestra Seguridad Social y el Fondo de Reserva también tiene su reflejo en la gestión del personal dedicado a las prestaciones que reciben los ciudadanos y en último extremo, con el cierre de oficinas.»
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) trasladará hoy a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que la plantilla de la Seguridad Social se ha reducido en 6.317 personas en los últimos diez años (dos puestos de trabajo al día), lo que supone una reducción de más del 20 por ciento.
Esta situación -la Seguridad Social contaba con 30.947 personas en plantilla en 2009, frente a las 24.630 actuales- según el sindicato, «redunda directamente en los ciudadanos, que sufren retrasos en la gestión de las prestaciones por la acumulación de expedientes y la falta de personal para hacer frente a este volumen de trabajo de manera adecuada.»
Además, según CSIF «se da la circunstancia de que en los próximos 5 años se jubilarán más de 5.500 personas, por lo que de no afrontarse esta situación, con un adecuado plan de recursos humanos y las correspondientes ofertas de empleo público, la gestión de la Seguridad Social se situará al borde del colapso.»
El pasado 18 de julio, la ministra trasladó a CSIF su voluntad de «mejorar plantillas y condiciones laborales en el ámbito de su departamento y, de manera concreta, afrontar la crisis estructural que padece la Seguridad Social, en el ámbito de los recursos humanos. Sin embargo, lamentablemente no hemos avanzado en esta dirección.»
«A todo ello se suma la situación de abandono de las plantillas. Por el contrario, se ha realizado un abuso indiscriminado de puestos ‘a dedo’ de personal en comisión de servicio (más de 3.000 personas).»
CSIF también reclama la recuperación de la estructura salarial previa al recorte de Zapatero de 2010; la aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria (para revertir el proceso de cierre de oficinas y reforzar plantillas en puntos de atención al ciudadano que cuentan incluso con un solo empleado público); plazas de promoción interna; y una revisión del protocolo de agresiones.
Según el sindicato, «la administración electrónica implantada para solicitar una VIDA LABORAL, o un ALTA EN AUTÓNOMOS, no ha tenido en cuenta ni la brecha digital, ni la dispersión geográfica donde no llega Internet, o la falta de recursos de un desempleado o inmigrante para disponer de móvil, Internet y ordenador. Estos trámites se realizaban antes por los empleados públicos y hoy lo tienen vetado, lo que les expone ante los ciudadanos enfadados con el funcionamiento del sistema.»
CSIF también reclama la recuperación del IMSERSO al Ministerio de Trabajo (actualmente depende de Sanidad), «del que nunca debió salir como Entidad Gestora de la Seguridad Social.»