La Junta de Castilla y León ha tenido que echar una mano a 2.390 propietarios de una vivienda protegida de titularidad pública con una moratoria en el pago de la cuota mensual de la hipoteca o con una reestructuración de la deuda pendiente de amortizar durante los nueve primeros meses del año.
Estas medidas han supuesto un desembolso de 15,1 millones de euros para las arcas de la Comunidad. Además, la Junta ha adjudicado una casa a 762 familias en riesgo de exclusión social y le ha pagado el alquiler a otras 17.
De estas ayudas, 378 se solicitaron desde Valladolid; 287 desde Zamora; 286 desde León, 211 desde Palencia. Le siguieron Ávila (159), Salamanca (146), Segovia (137), Burgos (109) y Soria (94).
También se resolvieron 762 declaraciones de actuación singular, mediante las que se ha adjudicado una vivienda al mismo número de unidades familiares que habían sido calificadas por los servicios sociales «en riesgo de exclusión social».
Por otro lado, en cuanto a las viviendas protegidas, pero de titularidad privada, un total de 93 propietarios adelantaron este año el pago de la casa, antes de que hubiera transcurrido diez años.
