El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el proyecto de ley para las personas con discapacidad en Castilla y León. «Es un texto pionero, consensuado, que facilita la vida a las 175.000 personas con discapacidad en Castilla y León así como da la garantía a las familias preocupadas por la calidad de vida de las personas que sufren alguna discapacidad», ha significado la consejera de Familia en su intervención.
Dependerá del trabajo que tengan las Cortes, pero esperan tener aprobada la Ley para finlaes de año.
Se trata del Proyecto de Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, una norma que garantiza el desarrollo personal de este colectivo a lo largo de toda su experiencia vital.
«Las dificultades derivadas de la condición de persona con discapacidad no pueden marcar la diferencia a la hora de afrontar los cambios en su ciclo vital, que debe poder desarrollarse con plena normalidad», explica la consejera de Familia. Por ello, el texto normativo recoge un nuevo enfoque en la atención a este colectivo centrado en sus objetivos, metas y preferencias vitales y no sólo en las intervenciones profesionales. Un método en el que el aspecto personal toma casi todo el protagonismo.
Así, el espíritu de la futura ley trata de alcanzar un doble objetivo: en primer lugar, apoyar y adaptar sobre todo las transiciones a lo largo de la vida de las personas con discapacidad a través de todos los pilares que componen el sistema de Servicios Sociales de la Comunidad: sanidad, educación, asistencia social, acceso a una vivienda y al mercado laboral. Todo ello contando con la estrecha colaboración de las familias y del Tercer Sector de Acción Social, ya que se hará frente a sus necesidades cambiantes en todas las etapas de su ciclo vital, haciendo hincapié en las personas dependientes.
El segundo objetivo es, a través del desarrollo de la normativa estatal, el de garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente orientado a las situaciones de vulnerabilidad.
El texto está compuesto por 24 artículos distribuidos en tres títulos, a través de los cuales se pretende que tanto el colectivo como sus familias vivan integrados socialmente y puedan desarrollar su proyecto vital. Es el Título I el que desarrolla el sistema y en el que se definen las líneas de apoyo que las personas con discapacidad recibirán en todas las etapas de su vida. Todas ellas orientadas a sus necesidades y aspiraciones de manera individual. Si la labor asistencial se enfocaba desde la intervención profesional, con la nueva norma se centra en las pretensiones particulares del usuario. De este modo, los profesionales ya pueden ir definiendo y adaptando sus intervenciones en las transiciones de cada ciclo de la vida: el paso de la atención temprana al sistema educativo, de éste a la inserción en el mercado laboral, la integración en comunidad o su adaptación a un envejecimiento activo.
La meta no es otra que lograr, a través de los medios necesarios, ya sean asistencia personal o apoyo técnico y formativo, que las personas con discapacidad puedan prepararse para una vida autónoma y participativa orientada hacia donde ellos deseen. Apoyo en las tareas del hogar, en la movilidad, en la comunicación y relación con el entorno y ayuda y asesoramiento en la toma de decisiones. Pero, sobre todo, un aprendizaje continuo para alcanzar el máximo grado posible de independencia.
Capacidad jurídica
El segundo pilar del Proyecto de ley y regulado en el mismo Título es el apoyo y la asistencia al ejercicio con garantías de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Siguiendo lo establecido en la normativa estatal, se pondrá en marcha un servicio que incluye asistencia o acompañamientos a la hora de llevar a cabo actos en los que el ciudadano deba hacer constar su voluntad jurídica como persona física. Todo ello muy enfocado a respetar el proceso de toma de sus propias decisiones.
Finalmente, el texto regula otras situaciones en las que este colectivo necesita apoyos, como la promoción de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia y malos tratos hacia las personas con discapacidad y también contra su explotación.
La aptitud de la futura norma se centra también en la coordinación y colaboración con el resto de las administraciones y con el ámbito privado, fundamentalmente el Tercer Sector.