La Guardia Civil investiga a un hombre por infracciones en materia de seguridad animal
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22 de mayo de 2018
El equipo de Investigación y el SEPRONA de la Compañía de Cuéllar investigaron a un hombre al que se le imputan dos delitos de usurpación de estado civil, uno de falsificación de documento público y otro de simulación de delito, además de varias infracciones administrativas en materia de sanidad animal y prevención de medio ambiente.
La investigación comenzó cuando varios vecinos de Navalmanzano mostraron su malestar por unas reses equinas que se encontraban sueltas sin ningún tipo de control por el municipio. Los agentes se pusieron en contacto con la autoridad municipal para tratar de localizar al propietario de los animales, así como con los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León para constatar el estado de salud en el que se encontraban los animales.
Una vez que se identificó al responsable de los caballos, se procedió a investigarle y a notificarle diversas infracciones administrativas cometidas en materia de sanidad e higiene animal y prevención de medio ambiente. Además, por el estado de abandono y la falta de atención en la que se encontraron los animales, se procedió a la incautación de cinco caballos.
Esta persona cuenta con antecedentes por hechos similares y se le retiró el número de explotación en fechas anteriores, impidiéndole posteriormente la posesión legal de estos animales.
Los hechos comenzaron cuando los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León incautaron dos yeguas que se encontraban sueltas por el municipio, depositándolas en un local del Ayuntamiento para que su legítimo propietario las reclamase. Esta persona, sin ser el propietario legal de los animales, presentó una denuncia por su sustracción, aportando un documento de identificación de equinos (DIE) falsificado en el que él aparecía como titular.
Además, se comprobó que para el traslado de dos de los animales hasta su supuesta explotación ganadera utilizó el número de la explotación de dos personas diferentes sin el consentimiento de las mismas, con el fin de que se le expidiera la guía de movimiento equino necesaria durante los traslados de los animales. En esta guía es necesario consignar el número de explotación ganadera y, al carecer del mismo, no se le habría permitido ningún traslado de animales.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial.
Gracias a la coordinación rápida y eficaz de todos los organismos intervinientes se pudo solucionar el problema que creaba malestar a los vecinos y poner a salvo a cinco caballos que no recibían las atenciones necesarias.
