Tras conocerse esta mañana, y según cita El Adelantado, que la gestión de la estación de autobuses pasaba a manos del consistorio de la capital tras la imposibilidad legal de la concesionaria CARSA de cobrar tasas a las empresas de transportes que utilizan la terminal, el Alcalde de la capital, Pedro Arahuetes, confirmaba tras la Junta de Gobierno Local que, tras una sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el ‘aparcamiento’, el Ayuntamiento cesará en la gestión del mismo para dejarlo en manos de la Junta de Castilla y león.
Según la sentencia emitida por el Tribunal, en la ‘estación’, antes denominada apeadero y ahora ‘aparcamiento de autobuses’, «se prestan servicios que juridicamente no se pueden prestar en espacios a tal fin y por tanto se prestan en una situación de ilegalidad» según explicó Arahuetes. La sentencia, no sólo es firme, sino que viene avalada por un informe emitido por la dirección general de Transportes de la consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León en la que se afirma que «la instalación existente se trata de una mera instalación destinada a aparcamiento de autobuses».
Así, Pedro Arahuetes confirmaba que, ante esta situación, y ciñéndose a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres que especifica que «los ayuntamientos no tienen la obligación de tener y promover una estación de autobuses», el Ayuntamiento no está obligado a mantener ese servicio, por lo que la titularidad pasa a ser obligación de la Junta de Castilla y León. A falta de un acuerdo a día de hoy, el consistorio y el gobierno regional deberán llegar a una resolución en un plazo de 3 meses, que finaliza el 30 de junio, fecha en la que el consistorio dejará de hacerse cargo de la ‘estación’ y su mantenimiento porcediendo a su cierre si no se llega a un acuerdo previo, el 1 de julio.
En base a estos antecedentes, la Junta de Gobierno de Local ha acordado, primero, comunicar a la Junta de Castilla y León que el Ayuntamiento no está en disposición de poder asumir la ‘gestión directa de las actividades que se realizan en la instalación mal denominada estación de Transportes de Viajeros’, aunque sí se han mostrado dispuestos a colaborar al cien por cien con la Junta para que, ‘a través de los convenios o fórmulas que se estimen oportunos, poder seguir desarrollando las actividades que allí se vienen prestando’.
A pesar de la predisposición absoluta a colaborar con la Junta, y en opinión de Pedro Arahuetes, «la terminal nunca podrá ser una estación de autobuses en base a los miles de informes que se han emitido estos años. Jamás se podrá legalizar, y quien tiene que asumir la gestión, decidir dónde se bajan y dónde se suben los viajeros ahora, es la Junta de Castilla y León».
Comercios
A tenor de la situación, el Ayuntamiento ha declarado extinguidos los contratos suscritos para la Gestión y Explotación de la Estación de Autobuses de Segovia. Así, los 7 locales que ahora operan en la estación podrán explotar sus negocios hasta el 30 de junio de este año.
