La Diputación de Segovia se sentará a negociar con el comité de empresa y la junta de personal de esta institución una fórmula para abonar la parte devengada de la extra de Navidad de 2012 a sus empleados. El Grupo Socialista llevó la moción al pleno que celebraba hoy la Corporación provincial y fue aceptada por el equipo de Gobierno.
En concreto, el acuerdo aprobado por ambos grupos, tal y como la planteaban los socialistas, sin modificaciones, contempla que la Administración que preside el ‘popular’ Francisco Vázquez inicie “un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos, al objeto de acordar para el conjunto de los mismos el abono de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 devengada y no percibida y correspondiente al plazo transcurrido desde su devengo hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio”.
Dentro de la exposición de motivos de la moción, el PSOE recordaba que “el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (BOE 14-07-2012) suprimió la paga extraordinaria de diciembre de los trabajadores públicos” en España, y que “aproximadamente veinte sentencias se han pronunciado al respecto, todas con el mismo planteamiento: la paga extra es una parte del sueldo que se genera mes a mes y que no puede recortarse retroactivamente”. Es decir, “los trabajadores públicos tienen derecho a cobrar la parte que devengaron hasta la entrada en vigor del recorte el 15 de julio”.
En esta línea, como añaden los socialistas en el texto de la moción, estas sentencias consideran que el Real Decreto Ley por el que el Gobierno de España suprimió la paga extra a los empleados públicos no entró en vigor hasta el 15 de julio de 2012 y, por lo tanto, hasta ese mismo momento continuaba en vigor la muy cercana Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que preveía el derecho a percibir las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el indicado año 2012, ya que lo contrario afectaría “a derechos ya incorporados al patrimonio del trabajador”.
Asimismo, el pasado 28 de noviembre las Cortes de Castilla y León también aprobaban por acuerdo de los grupos mayoritarios una resolución que insta a la Junta a negociar con los sindicatos el pago de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 devengada y no abonada, de modo que la Diputación segoviana sigue ahora la misma línea. Así es a pesar de las advertencias del secretario de Estado y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que recientemente amenazaba con llevar a los tribunales a aquellas entidades que pagaran la parte devengada de la extra de diciembre de 2012 sin esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la causa aún abierta por la decisión del Gobierno vasco de abonar esa paga el año pasado.
Aceves, por su parte, consideró muy positivo tras el pleno que conforme a lo acordado en la moción socialista el equipo de Gobierno se vaya a sentar a negociar con los representantes de los trabajadores, tanto del Comité de Empresa como de la Junta de Personal de la Diputación, para acordar la forma de pago de las cantidades que deben recibir los empleados públicos de la Corporación provincial, una vez que los tribunales de Justicia vienen reconociendo el derecho de los empleados públicos a percibir parte de la paga extraordinaria de Navidad de 2012, concretamente aquella que estaba devengada en el momento que se adoptó la decisión del Gobierno de suprimirla.
Otra moción aprobada
Por otro lado, como recordó el PSOE en un comunicado, el Pleno también votó en su sesión de hoy a favor de la moción socialista que solicitaba a la Diputación que inste al Gobierno central a aplicar una moratoria relativa a la ITV de los tractores; en concreto, sobre la aplicación de la normativa europea que exige ciertas homologaciones técnicas a los tractores más antiguos, lo que está dificultando que muchos de ellos puedan pasar la ITV, por lo que está creando un problema añadido en muchas pequeñas explotaciones de la provincia.
De esta manera, la Diputación instará al Gobierno de España a “establecer una moratoria en la aplicación de la normativa sobre revestimientos del parque de tractores, estableciendo un plazo que permita conocer en qué situación técnica se enmarca cada tractor, a la vez que se disponga de un tiempo suficiente para garantizar su adaptación al procedimiento”.