El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, suscribió el escrito que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, entregó hoy al Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para instarle a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5 al 3,5 por ciento, y se otorga carácter indefinido al tributo.
Santiago Aparicio significó que es necesario, más en estos momentos de crisis, la eliminación de un impuesto que está penalizando a los ciudadanos de Castilla y León y frenando la inversión empresarial y, por tanto, la creación de empleo. «En un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, CEOE Castilla y León considera que es urgente que exista una armonización fiscal, para evitar que se agudice la deslocalización de empresas”, sostuvo.
Desde CEOE Castilla y León, según un comunicado recogido por Ical, se reclamó un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias. “Esto es, para lograr que el sistema impositivo sea una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos”.
Sin embargo, la Patronal consideró que lejos de este enfoque, en el actual entorno de tipos de interés 0 o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis del COVID-19, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio-tributo que además no existe en ningún otro país de la UE- del 3,5 por ciento es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, “inconstitucional”.
