Agentes de la Policía Nacional inspeccionaron 166 bares de 13 ciudades por la emisión fraudulenta de partidos de fútbol. La operación estuvo enmarcada dentro de un operativo contra la distribución ilícita de la señal de televisión de partidos de fútbol.
En el transcurso de la investigación los agentes llevaron a cabo las comprobaciones oportunas de los establecimientos que emitían partidos de fútbol de las competiciones La Liga Santander y UEFA Champions League. Tras varias pesquisas, se confirmó que 166 establecimientos de distintas ciudades españolas, entre las que se encuentran Valladolid, Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Vigo, Las Palmas, Bilbao y Barcelona, estaban implicados en la emisión fraudulenta de los partidos de fútbol.
Como resultado de la operación, hay 166 imputados como presuntos responsable de un delito contra la propiedad intelectual y se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido multimedia distribuido ilegalmente asciende a más de un millón de euros.
Fruto de la operación se desarticuló toda la infraestructura que permitía la visualización ilegal del contenido multimedia de pago, con la identificación de los responsables y el cese del servicio ilegal que prestaban.
La investigación se inició en enero de 2022, a raíz de la denuncia interpuesta por La Liga contra establecimientos de hostelería de diferentes provincias españolas que estarían distribuyendo ilícitamente la señal de partidos de fútbol de equipos españoles, sin la autorización de los propietarios de dicho contenido.
Perjuicio económico superior al millón de euros
A los titulares de los establecimientos comerciales investigados se les imputa un delito contra la propiedad intelectual como presuntos responsables de distribuir el contenido audiovisual de manera fraudulenta, ya que a través de decodificadores o micro controladores, accedían de manera ilícita a contenido protegido emitido por canales codificados.
Con esto obtenían un beneficio económico fraudulento, ya que ofrecían la posibilidad de ver eventos deportivos, únicamente emitidos a través de canales codificados, que les hacía poseedores de un servicio extra que otros establecimientos no ofrecían. Se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido audiovisual distribuido ilegalmente asciende a 1.066.386 euros.
Foto de Vinicius «amnx» Amano en Unsplash