La Junta de Castilla y León exigió hoy al Gobierno central que cumpla con su palabra de reformar la ley de Sanidad para que las comunidades tengan una herramienta legal para aplicar las restricciones y, si no fuera así, mantener el estado de alarma, cuya vigencia concluye el próximo 9 de mayo.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, se refirió así a la posición de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el día en que visita Valladolid la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien mantiene que las autonomías disponen de los mecanismos legales para las medidas que adopten fuera del estado de alarma.
«Cualquiera de las dos opciones sirve», apuntó el vicepresidente, que centró la critica en el Gobierno y en su presidente por lo que calificó de «subcontrata» de la gestión de la pandemia a las comunidades, de manera que estimó que no les preocupa pero sí a quien tiene la subcontrata, como la Junta de Castilla y León.
