“Nos han dejado abandonados a nuestra suerte. Tanto de hablar de la discapacidad y ahora nos desprecian así”, dice Maximino Viloria, Presidente de Apadefim Fundación Personas en Segovia y Secretario de Fundación Personas en Castilla y León.
Maximino ha relatado a segoviaudaz.es, diario que hace unos días preguntó a la consejera de Salud por este proceso de vacunación, cómo es el día a día y la convivencia con personas con discapacidad, que no se explican por qué no les vacunan. Los propios chicos, como les llama cariñosamente, “están asustados y no entienden por qué vacunan a unos pero no a otros; y las familias no sabemos qué decirles”.
“Es una verdadera canallada”, prosigue, referiéndose al hecho de que un centenar de personas, de entre unos 20 y 50 años con diferentes discapacidades del Centro de Día/Ocupacional de Apadefim de Segovia y Cuéllar, no hayan sido aún vacunados contra la COVID-19. Y lo que es peor, sin fecha prevista porque, según les han informado desde la Junta de Castilla y León, “no es posible subsumir a dichos usuarios en ninguno de los grupos que en la Estrategia nacional de vacunación están definidos como prioritarios, y que la preferencia actual está enfocada hacia la obtención del mayor número de vacunaciones entre las personas de más de 60 años, como colectivo de mayor riesgo”.
Maximino no comprende cómo no se considera grupo de riesgo a personas con TEA, Síndrome de Down, Síndrome de Williams o parálisis cerebral, entre otras discapacidades presentes en el centro, cuando “son personas que no pueden evitar tocarse, que se quitan la mascarilla, se abrazan, algunos incluso lamen las barandillas… es una situación muy dura”, lamenta. “Si se contagia uno solo, se lo puede transmitir a todos”, añade.
Además, recalca, “tienen miedo a los médicos, a las batas blancas, a las agujas; necesitan normalidad y rutinas, por lo que lo mejor sería una vacunación masiva en el propio centro que no les alterara y les protegiera de la COVID-19”.
El año 2020 hubo 5 fallecidos por coronavirus en el centro, en el que trabajan unos 170 empleados, que sí han sido vacunados, para atender a 470 personas de las que un centenar sigue pendiente de vacunación.
Maximino se pregunta por qué les discriminan así, y cree que “la prepotencia y la tozudez de los políticos” es la respuesta. “No saben cómo tratar la COVID y menos en la discapacidad. Y, además, no se dejan asesorar por la gente que sabe”, apunta.
Consideran que los políticos les tratan como “ciudadanos de segunda”. En el otro lado de la balanza, el apoyo de los segovianos, de la gente de a pie, que “me para por la calle y me pregunta que cómo es posible que esto esté pasando, que es una barbaridad. Sentimos que Segovia nos apoya”, concluye.
