El Ministerio de Fomento ha confirmado que la concesión de las autopistas de peaje AP-6 y sus ramales hacia Ávila y Segovia, la AP-51 y la AP-61, concluirá entre los años 2024 y 2029. Así se ratificó en la reunión mantenida este jueves entre el secretario general de Infraestructuras, Manuel Miño, y una delegación de CCOO de Castilla y León entre quienes se encontraba el secretario de Comisiones Obreras en Ávila, Óscar García Barroso.
Con el plazo confirmado por Fomento, que CCOO no comparte, se despejan las «dudas» surgidas tras las declaraciones efectuadas esta semana por el ministro del ramo, Íñigo de la Serna, quien aseguró que el Gobierno había acordado no prorrogar los contratos de las autopistas. Algunos, como la plataforma ‘Ávila libre de peajes’, se cuestionaron entonces si la concesión podía finalizar en noviembre de 2019, cuando se supone que tendrá lugar la valoración para calcular la fecha final, en función de parámetros como la evolución del tráfico, algo que queda descartado.
CCOO explicó que el Ministerio de Fomento se ampara en el Real Decreto 525 del año 2012, con el que el Gobierno quiso «salvar la aplicación de la sentencia» del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJE) contra la adjudicación en 1999 de las autopistas AP-51 y AP-61 y la prórroga de la AP-6 a partir del 29 de enero de 2018, cuando finalizaba la concesión original. El Real Decreto acortó siete años la nueva concesión administrativa, que se contemplaba entre un mínimo de 32 años –el año 2031– y un máximo de 37 –el año 2036–, de ahí que el plazo válido para Fomento se sitúe entre los años 2024 y 2029.
Comisiones Obreras, que estuvo junto a la asociación ecologista Centaurea detrás de la denuncia que derivó en esa sentencia europea que falló contra España por «vulnerar las directivas comunitarias sobre contratación pública», discrepa del argumento de Fomento y defiende que el fin de la concesión fue el 29 de enero de 2018, cumplidos los 50 años de la concesión de 1968, la «única legal», con lo que en estos momentos las autopistas están en «una situación de alegalidad».
Esto se confirma con el hecho de que «en los tickets ya aparece Castellana de Autopistas, filial de Abertis», que es a quien se le concedió la prórroga de la AP-6 a partir de enero de 2018. «Para nosotros en esa fecha la concesión debería haber pasado a manos del Estado en un modelo de gestión pública que salvaguardara el conjunto de los derechos de los trabajadores», aseguró García Barroso, quien insistió en que no se ha dado «un debido cumplimiento» a la sentencia dictada en 2010 aunque se está «a tiempo». A su entender, el Real Decreto no puede ser la solución cuando «trata de resolver sobre algo declarado ilegal –la concesión de 1999–», algo «inadmisible» y una «tomadura de pelo», dijo.
CCOO estudia la posibilidad de recurrir a la vía legal, si bien en todo caso seguirá «con los espacios que nos queden para poner de manifiesto este atropello». Así, aplaudió la movilización social que se ha reactivado ahora, aunque en el terreno político reclamó un «paso más insistente y firme» hacia «donde hay que darlo», el Ministerio de Fomento, ya que algunos grupos «tienen más capacidad», señaló.
