La alcaldesa de Segovia asegura que aún no puede conceder la licencia de primer uso del pabellón deportivo ‘El Peñascal’ porque “la Junta de Castilla y León no ha presentado toda la documentación necesaria ni terminado el acceso interior a la infraestructura”, según recoge la agencia Ical en un comunicado.
Clara Luquero afirma que tienen en “la mejor disposición” para conceder la licencia de primer uso para el pabellón polideportivo de ‘El Peñascal’, pero que hay que cumplir la ley y la Junta de Castilla y León no ha presentado toda la documentación ni ejecutado todos los pasos necesarios para su concesión.
Luquero asegura que está en contacto directo con el director general de Políticas Educativas de la consejería de la Junta, que le ha informado que ya está en tramitación el contrato para terminar el acceso interior del pabellón anexo al CEIP ‘El Peñascal’. La Junta también está buscando una solución con la empresa que ha terminado la ejecución de la obra para arreglar las aceras que rodean el pabellón.
La alcaldesa de Segovia explica que estos pasos son “imprescindibles” para poder dar la licencia de primer uso. Luquero asegura que están “en la mejor disposición” para solucionar el problema cuanto antes, pero es necesario cumplir con la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Recordó que están a la espera de recibir de la Delegación Territorial, la última documentación requerida cuyo contenido ya ha sido avanzado por correo electrónico.
El Ayuntamiento de Segovia, según la alcaldesa, está dispuesto a otorgar la licencia de primer uso “condicionada a un plazo para la presentación de determinada documentación”, pero no pueden ser cosas tan importantes como “las certificaciones de la instalación eléctrica”. Para Clara Luquero no debe de haber más polémica sobre este asunto, y dejó claro “que no vamos a empantanarnos” con este último trámite.
El proyecto, asumido al 50 por ciento, por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, comenzó a construirse en diciembre de 2010, con todo tipo de avatares con las distintas empresas adjudicatarias. Si se cumplen los nuevos plazos previstos, se pondrán en funcionamiento casi siete años después el inicio de las obras.
