La Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, con un impacto total de 286,7 millones de euros.
El plan incluye 25 iniciativas por valor de casi 170 millones de euros, a las que se suman tres rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno central —electricidad, hidrocarburos e IVA— que supondrán una reducción de ingresos de 117,4 millones hasta el 30 de junio.
El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó tras el Consejo de Gobierno que este es un “primer bloque” de actuaciones para hacer frente al encarecimiento del petróleo, el gas y otras materias básicas, que está elevando los costes para empresas, autónomos, agricultores, ganaderos y familias.
Las medidas se estructuran en siete ejes y tienen como objetivo apoyar la actividad económica y el empleo, reforzar el transporte público a través de Buscyl, ayudar a las familias, mejorar la eficiencia energética y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.
Fernández Carriedo destacó que la Junta ha actuado con “agilidad” y se sitúa entre las primeras comunidades en poner en marcha este tipo de iniciativas. Además, avanzó que el paquete se podrá ampliar en función de la evolución del conflicto, ya que resulta “difícil” prever su duración e impacto.
En este sentido, aseguró que la financiación está garantizada pese a que el Gobierno autonómico se encuentra en funciones y con presupuesto prorrogado. También señaló que la reducción del endeudamiento, en su nivel más bajo en once años, permite disponer de margen para apoyar a los sectores más afectados.
Apoyo financiero a empresas y sectores productivos
El plan contempla 113 millones de euros en financiación para empresas con el objetivo de hacer frente al aumento de costes.
Entre las medidas destacan líneas de financiación para adaptación a la subida de precios, apoyo a la internacionalización de pymes y ayudas a empresas exportadoras que inviertan en autoconsumo energético.
También se incluye un fondo para impulsar la internacionalización empresarial, la ampliación de los periodos de carencia en préstamos ya concedidos y el refuerzo del instrumento financiero vinculado a la Política Agraria Común, que permitirá movilizar hasta 40 millones en préstamos con aval público.
Además, se incrementa la bonificación de los seguros agrarios para jóvenes agricultores, que pasa del 10 al 25 por ciento.
Empleo, transporte y apoyo social
La Junta destinará siete millones de euros a programas de cualificación en sectores estratégicos como el digital, tecnológico, biosanitario o energético, con el objetivo de mejorar la empleabilidad.
Otros cinco millones se dirigirán al refuerzo del transporte público a través de Buscyl, ante el aumento de la demanda provocado por el encarecimiento de los combustibles. Según los datos aportados, los viajeros diarios han pasado de 43.500 en enero a 56.300 en marzo, un 23% más.
Además, se activarán bonos de urgencia social para familias vulnerables, con una dotación inicial de un millón de euros.
Ahorro energético y mantenimiento de servicios
Las medidas de eficiencia energética suman 33,3 millones de euros e incluyen ayudas al ahorro en industria y sector servicios, impulso de energías renovables, autoconsumo en edificios públicos, promoción de la biomasa y construcción sostenible.
A esto se añaden diez millones para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos ante el aumento de costes, además de la solicitud de reprogramación de fondos europeos.
Rebajas fiscales por más de 117 millones
El paquete se completa con rebajas impositivas que supondrán una reducción de ingresos de 117,3 millones de euros.
Entre ellas, la bajada del impuesto sobre la electricidad del 5,1 al 0,5%, con un impacto de 24,1 millones; la reducción del IVA energético, que supondrá 52,2 millones; y la disminución del impuesto sobre hidrocarburos, con un coste estimado de 41,1 millones.