El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia, Pablo Pérez, avanzó hoy que “su próximo paso” está “muy encaminado” hacia la responsabilidad de la alcaldesa de Segovia, que tiene que “pagar políticamente” por “los chanchullos y actuaciones irregulares” que puso en marcha desde 2011 en la Concejalía de Cultura. La estrategia se verá “en función de la sentencia”, tras el juicio en el Contencioso Administrativo, sobre el contrato fragmentado temporalmente del servicio técnico de La Cárcel-Centro de Creación a Luis Aguiar, hermano de la exedil de Cultura, Gina Aguiar.
Según explicó Pablo Pérez, en este juicio, ha quedado demostrado por la acusación del PP, que viene “de 2011” esta forma de contratar, basada en el “neopotismo y el amiguismo” de personas cercanas al equipo de Gobierno. “Vamos a ir al fondo y el origen del asunto, es decir, a los contratos y el sistema de contratación que generó la propia Luquero en la Concejalía de Cultura”.
Además detalló que será “en funcion de la sentencia, cómo lo vamos a artiucular tambien políticamente” porque “la alcaldesa tiene que pagar por estas malas actuaciones irregulares y pagar políticamente estos chanchullos con los cuales trabajó en la Concejalía de Cultura”.
El portavoz del PP defendió que no están judicializando la política sino que su objetivo es “poner orden” en este área porque es “inadmisible estas prácticas irregulares”. En su opinión, hablamos claramente de “las corruptelas” que deja 18 años de gobierno municipal con “una red clientelar muy importante que perjudica los intereses de los segovianos” y a otros contratistas que estaban en buena disposicion de llevar a cabo estos contratos. Pérez resaltó que esta forma de proceder “ha generado claro perjuicios a la sociedad segoviana por irregularidades, corruptelas y chanchullos del equipo de Gobierno de Clara Luquero”.
Pablo Pérez avanzó que su grupo político está valorando “otra vías judiciales” para analizar lo que “ha estado sucediendo en la Concejalía de Cultura en los último años desde que Luquero era concejala de Cultura”, tras explicitar el abogado del Ayuntamiento también lo ha explicitado en sus argumentos y alusiones, que “estos hechos corresponden al contrato del hermano de Gina Aguiar, de Luis Aguiar, que se venía celebrando desde el año 2011 hasta la actualidad”. Según el PP, lo que evidencia que “la responsable de esta estrategia de contratación para contratar a quién quería y no a la mejor oferta que se presentaba, viene de época de Clara Luquero”.
Además, Pérez sumó “la vinculación familiar de hermanos de Gina y Luis Aguiar”, lo que “agrava” todavía más las circunstancia. Gina Aguiar se hizo claro de Cultura en 2019, pero lleva siendo programadora cultural del Centro Cultural de La Cárcel desde 2011. “Esas afinidades pueden continuar y se han demostrado en el juicio, a través de nuestro abogado, que este vínculo viene de mucho atrás”, resumió.
El portavoz popular remarcó que “el juicio ha salido tal y como esperábamos” porque la defensa del Ayuntamiento poco tenía que alegar, ante lo que calificó como hechos graves y claros. “No ha podido hacer una defensa de los indefendible porque las evidencias son muy claras”, subrayó. Los ediles del PP tienen como misión “desmantelar la red clientelar, el nepotismo y amiguismo por el que el Ayuntamiento de Segovia está contratando permanentemente a personas muy cercanas y vinculadas al equipo de Gobierno y saltándose a la torera todos los trámites de la administración pública”.
Actos voluntarios, no errores administrativos
Pablo Pérez negó las declaraciones de la alcaldesa sobre que el PP había admitido que son errores errores administrativos. “Existe una voluntariedad a la hora de cometer estas irregularidades para contratar con quién la concejal quería, con su propio hermano y en el caso de Trípode Cultura con sus propios amigos”, dijo, para añadir que “un error es cuando no existe una voluntariedad y en este caso hay una voluntariedad clara de adjudicar a determinadas personas los contratos”.
Pérez puso como ejemplo que es como si “ahora vienen y nos dicen que los EREs de Andalucía son errores administrativos porque se equivocaron de número de cuenta a la hora de hacer los ingresos y los pagos”. El portavoz del PP insistió en que hay “una clara voluntariedad de perjudicar los intereses de la ciudadanía”, cuando se contrata a “determinados particulares muy afines, muy cercanos al equipo de Gobierno”, porque, tiene que claro que no es “un error administrativo querer contratar con el propio hermano”.
Desde las filas del Partido Popular resumieron que, tanto el caso Trípode Cultural, que ya declaró no declarado a derecho el contrato con el Ayuntamiento para la organización de MUCES, y ahora el caso de Luis Aguiar, son “muy graves y preocupantes”, al ser un equipo de Gobierno, él de Clara Luquero, que está amañando los trámites de adjudicación para contratar con quien quiere la Concejalía de Cultura basada en ese nepotismo en ese amiguismo”.
Ante el juez
El PP denunció ante el Juzgado de la Contencioso Administración una fragmentación temporal del contrato para el servicio técnico en los espectáculos y eventos de La Cárcel-Centro de Creación, al considera que es “contrato claramente ilegal e irregular, hecho por el Ayuntamiento de Segovia y nuevamente por la Concejalía de Cultura”, con prácticas que, en su opinión, “rayan la corrupción”.
Pérez también afirmó que, de nuevo, en este juicio, se ha puesto encima de la mesa el informe de la secretaria general a la hora de elaborar contratos menores, cuando el órgano consultivo de contratación ya ha dicho que es preceptivo. “Por lo visto sigue dudando el equipo de Gobierno sobre la necesidad de hacer este informe que es absolutamente necesario en aras a la transparencia , a la fiabilidad para estos contratos”, resumió.
Por su parte, el abogado del PP, César Gómez, explicó que la práctica de la prueba ha sido “eminentemente documental”, con el expediente administrativo y la prueba documental aportada por ellos, basada “básicamente en notas de prensa porque hay sido un caso que ha adquirido notoriedad”. Con notas de prensa también emitidas desde el Ayuntamiento de Segovia.
“No ha habido ninguna práctica testifical por lo tanto no ha habido que hacer preguntas a nadie. La práctica de la prueba ha sido solo el expediente administrativo y documental y el juez lo que ha hecho es de moderador del debate del juicio y nadie más”, detalló el abogado, que también recordó que el titular de este juzgado es muy ágil y suele dictar sentencia en “una semana o diez días”.