El Tribunal Superior de justica de Burgos ha resuelto el derribo de una vivienda de recreo construida en suelo rústico en Muñopedro. En 2005 la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia autorizó la parcelación urbanística de unas 100 ha de la finca Dehesa del Caballero sobre suelo rústico protegido en Muñopedro; también autorizó la ejecución de obras de urbanización e informó favorablemente la concesión de una vivienda en cada una de las 12 parcelas que se crearon. Desde entonces concedió autorización para construir, una a una, hasta siete viviendas en un encinar dentro del LIC y de la ZEPA Valles del Lozoya y del Zorita, ámbito de la cigüeña negra y área crítica del águila imperial ibérica, todo ello con el informe favorable de Medio Ambiente, tanto de Segovia como de Valladolid, a pesar de constarle el quebranto que ocasionaría en el hábitat.
Ecologistas en Acción de Segovia impugnó la autorización y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por sentencia de 10 de julio de 2015 obliga a su demolición, reconoce la protección de los encinares e impide la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico protegido. Esta Asociación consideró que la construcción en suelo rústico protegido, en área crítica del águila imperial, constituía una «barbaridad ambiental» e impugnó el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia de 4 de mayo de 2012, por el que se autorizó la construcción de una vivienda (la octava) sobre una parcelación urbanística ilegal en la Dehesa del Caballero.
Recurrido en alzada administrativa, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente resolvió favorablemente el recurso en 2013 y anuló la autorización, pero dejó que las obras concluyeran. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos quien confirma la nulidad de la autorización y ordena la demolición de la vivienda y la restitución del lugar a su estado anterior. La sentencia puede ser recurrida en casación al Tribunal Supremo. La vivienda, de 718 m2 incluidos anexos, se encuentra construida, tiene un valor próximo al millón de euros y el Tribunal ha sentenciado que debe ser demolida. La responsabilidad última corresponde a la Junta de Castilla y León, que concedió la autorización que hoy queda anulada. Ello producirá un quebranto económico a la Hacienda Autonómica, es decir, a todos los ciudadanos.
En 2014 fue aprobada una modificación de la ley de Urbanismo de Castilla y León que prohíbe la vivienda unifamiliar en suelo rústico en toda la Comunidad Autónoma. El uso residencial en suelo rústico es contrario al urbanismo compacto y su proliferación ocasiona graves daños al medio ambiente y un coste económico elevado a los municipios.
Foto: imagen de la zona de protección en la que está la vivienda que deberá ser demolida/google maps
