Pasan los días, pero el asfaltado de la calle San Agustín sigue generando críticas y una fuerte oposición de colectivos vinculados al patrimonio, la cultura y también de la oposición municipal. Cuando se cumplen diez días de la actuación, el Grupo Municipal Socialista eleva el tono y centra su reclamación en la nulidad del procedimiento, la exigencia de responsabilidades y la intervención de los órganos de patrimonio.
La exalcaldesa Clara Martín, junto al concejal socialista Miguel Merino, ha sido contundente al calificar lo ocurrido como un “decreto ilegal por parte del alcalde”, denunciando además un “desconocimiento absoluto de la normativa” por parte del concejal de Patrimonio, así como “dejadez” e “improvisación” en la actuación.
“¿Por qué un ciudadano tiene que cumplir la ley en una reforma y no el concejal de Patrimonio, que es el máximo responsable?”, ha cuestionado Martín, insistiendo en que la intervención incumple tanto la Ley de Contratos como la normativa urbanística y patrimonial.
La exalcaldesa ha reiterado que la normativa es clara: cualquier cambio de pavimento en el conjunto histórico debe estar justificado y autorizado. “No se ha autorizado”, ha afirmado, criticando que la actuación se haya ejecutado mediante un decreto de obra de emergencia sin referencias a la normativa patrimonial ni al carácter protegido del espacio, con el mismo nivel que enclaves como la Plaza Mayor.
“Y no lo han hecho. No lo han hecho. El alcalde ha firmado un decreto que es ilegal. Por un lado incumple la Ley de Contratos y por otro lado incumple la normativa urbanística y patrimonial”, ha insistido.
El daño ya está hecho, no es provisional.
Además, ha rechazado que la actuación pueda considerarse provisional. “No es una actuación provisional, una actuación provisional dura meses, no años”, ha señalado, cuestionando también el coste que supondría revertir la intervención. “El daño ya está hecho”, ha advertido, calificándolo de irreversible y subrayando que “no es lo mismo evitar una herida que tener que curarla después”.
En este contexto, ha reclamado la dimisión del responsable del área de Urbanismo y Patrimonio al considerar que no ha sido capaz de justificar el cumplimiento de la normativa. “Si renuncia al cumplimiento de la ley, debería renunciar a su cargo”, ha afirmado.
Órganos consultivos
También ha criticado el trato hacia entidades como la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce o la Asociación de Amigos del Patrimonio, recordando que llevan décadas trabajando por la conservación del patrimonio. “Si para él son opinadores, debería haberles pedido opinión”, ha señalado, insistiendo en su papel como órganos consultivos.
El PSOE sostiene que no se ha consultado ni a estos colectivos ni a los órganos competentes y denuncia que se ha optado por una obra de emergencia para “saltarse todos los órganos”. En este sentido, ha recordado otros antecedentes, como el intento de asfaltar la zona de Padre Claret o la previsión de actuaciones en la calle de la Luna, apuntando a una forma de proceder que, a su juicio, busca evitar controles.
Ante esta situación, el Grupo Socialista ha reclamado el expediente completo de la actuación para conocer todos los pasos dados: quién ha redactado los informes, cuándo se ha ordenado la intervención y cómo se ha dado traslado a los organismos, si de forma previa o posterior.
Una vez recabada esa información, elaborarán un informe para determinar si se ha cumplido la normativa y lo trasladarán a organismos como ICOMOS y a la Dirección General de Patrimonio, además de pedir que la Junta de Castilla y León “se haga responsable” y que la comisión competente se pronuncie sobre lo ocurrido.
Con todo, el PSOE pide que se declare nulo el procedimiento, que se evite que se vuelva a incumplir la normativa en futuras actuaciones y advierte de que podrían imponerse sanciones en función de lo que determinen los organismos competentes.
