La oposición socialista propone la obligación por ley de reducir el alumbrado de calles y viales a determinadas horas de la noche en que se reduce la actividad ciudadana y el tráfico disminuye, plantea la creación de un fondo destinado a la protección del medio ambiente contra la contaminación lumínica y eleva hasta 6.000 euros las multas por infracciones muy graves en los preceptos normativos recogidos ante una iluminación inadecuada o excesiva.
Estas son algunas del conjunto de 22 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista de las Cortes al proyecto de ley de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, remitido por la Consejería de Medio Ambiente a las Cortes como una norma “novedosa” en la protección medioambiental.
El régimen horario del alumbrado exterior, donde se regula una franja horaria en la que permanecerá el encendido conforme a criterios de seguridad y viabilidad, centra hasta tres enmiendas de la oposición socialista en las que plantea la obligación por ley de la reducción del alumbrado nocturno, la clarificación dónde sea obligatorio y la necesidad de que se marquen los horarios en el caso de iluminación especial de monumentos y elementos de interés cultural o histórico.
Según el proyecto remitido por el departamento de la vicepresidenta segunda, María Jesús Ruiz, la iluminación de fachadas o infraestructuras con motivos estéticos, comerciales u ornamentales deberán ajustar su horario desde la puesta de sol hasta las 23.00 horas, aunque podrá prolongarse una hora más en días festivos y vísperas de festivos, siempre desde los parámetros de prevención de la contaminación lumínica y ahorro energético.
En tal sentido, el Grupo Socialista propone un nuevo punto en ese artículo para que el régimen horario se aplique a los alumbrados interiores públicos y privados si se produce intrusión lumínica en el exterior. Precisamente, en la exposición de motivos de la ley, se recoge que el coste energético del alumbrado público de un ayuntamiento puede llegar al 60 por ciento de la factura total que tiene que pagar por el consumo energético total.
Otra de las novedades de las propuestas socialistas es la creación de un fondo económico contra la contaminación lumínica y para garantizar el cumplimiento de la ley, que se nutriría de los ingresos que se recaben por las sanciones, de aportaciones y ayudas de particulares, empresas e instituciones públicas y privadas y de partidas de los presupuestos de la Junta. En ese fondo, los ponentes requieren líneas de ayuda específicas para promover la adaptación de los alumbrados exteriores a las prescripciones de la ley.
También reclaman que se refuerce el problema que una iluminación inadecuada causa a la salud, como la fatiga visual, ansiedad o alteraciones del sueño. La Consejería de Medio Ambiente indica, en el texto sometido a la consideración de las Cortes, que los efectos de “esta novedosa forma de contaminación son todavía muy poco conocidos”. No obstante, señala que sí está comprobado que la proyección de luz en el medio natural causa deslumbramiento y desorientación en las aves, incide en los ciclos reproductivos de los insectos y rompe el equilibrio poblacional de algunas especies que son ciegas a cierta longitud de la onda de luz, además de la incidencia en la flora. Igualmente, recuerda la apuesta por reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera para rebajar los efectos del cambio climático, de ahí que se regulen las obligaciones de las administraciones públicas para los objetivos que se persiguen.
Multas más elevadas
El Grupo Socialista entiende que la multa debe ser acorde a la inflación y, por ello, eleva hasta los 6.000 euros la sanción en casos muy graves, para los que Medio Ambiente consigna 3.000 euros. La oposición propone multas entre los 300 y 6.000 euros para las leves, graves y muy graves y la Consejería entre 150 y 3.000 euros.
También refuerza los plazos de prescripción de las mismas hasta los cuatro, dos y un año para las infracciones muy graves, graves y leves, que en el texto de Medio Ambiente es de dos, uno y seis meses, respectivamente. La oposición socialista reclama que el reglamento esté aprobado en el plazo de seis meses, lo que cree que es un plazo adecuado, dado que la normativa propuesta no determina cuándo se aprobará su desarrollo.
