El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, cree que la dimisión del ya exministro Alberto Ruiz-Gallardón por la retirada de la reforma de la ley del aborto retrasará o incluso frustrará buena parte de su polémico nuevo modelo judicial. Entre las leyes más afectadas destaca dos de especial calado: la de Demarcación y de Planta, que contempla la desaparición de las audiencias y los juzgados de la mayoría de los pueblos; y la de Enjuiciamiento Criminal, que deja las instrucciones penales en manos de los fiscales.
“Aparentemente parecería lógico que aquellos cambios que todavía no eran proyectos de ley, y que por tanto seguían aún en el Ministerio, puedan tener algún retraso añadido al que ya estaban sufriendo”, advierte Pando en declaraciones a la agencia Ical. “Eso parece innegable porque imagino que el nuevo ministro (Rafael Catalá) formará un nuevo equipo que querrá revisar lo que está pendiente, y eso yo creo que va a dar lugar a un cierto parón en los proyectos que ya están en marcha”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ya se encuentra “muy avanzada”, según Pando, quien cree que “quizá sea la que menos retrasos sufra” por este motivo, aparte de que “tampoco plantea unos problemas políticos especialmente relevantes a efectos de un cambio en el Ministerio”. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril su anteproyecto, con el que “se crea la estructura” del nuevo mapa judicial, pero es la Ley de Demarcación y de Planta Judicial “la que debería desarrollarla”, por lo que resulta “imprescindible” y sin embargo “está en mantillas”.
En concreto, contempla la puesta en marcha de tribunales de instancia en las capitales de provincia y la desaparición de las audiencias y también de los juzgados de los pueblos, salvo aquellos que están en Vigo, Elche, Gijón u otras ciudades españolas que, sin ser capitales, tienen un importante peso específico. “Ya se venía diciendo (antes de la dimisión) que era prácticamente imposible que pudiera salir esta ley (de Demarcación y de Planta), así que ahora menos todavía”, vaticina el presidente de la Audiencia segoviana. “El nuevo ministro va a tener que bregar con los legítimos intereses locales de los partidos judiciales, los que vayan a desaparecer, los que no quieren desaparecer… va a ser una ley que tendrá que discutir y trabajar”.
“Antes estaba convencido de que iba a ser el último presidente de la Audiencia de Segovia pero ahora, tal y como está la situación, ya no lo sé”, reconoce. Y ello a pesar de que su mandato (de cinco años) ni siquiera ha empezado de manera oficial, dado que el acto solemne de toma de posesión se celebrará el 30 de septiembre.
Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal
En parecidas circunstancias se encuentra la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que “tampoco está tan desarrollada como para pensar que pudiera dar tiempo” a aprobarla dentro del periodo de sesiones de esta legislatura a la que apenas le quedan 13 meses. En este caso, como reseña Pando, incluye el “gran debate” que se abrió en torno a la atribución de la instrucción penal al fiscal, quien quedaría bajo vigilancia de un juez imparcial (no implicado en la causa); y también excluye a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas del ejercicio de la acción popular, con la excepción de los colectivos de víctimas en casos de terrorismo.
Pero la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Ruiz-Gallardón también contemplaba “muchas más cosas” porque la que está en vigor “es del siglo XIX (de 1882, en concreto) y posiblemente necesite un retoque en profundidad”, subraya. No en vano, en este tiempo “se ha ido poniendo parche sobre parche y habría que darle una sistemática actual”.
Por otro lado, Pando tampoco cree que vea luz en esta legislatura la reforma del Código Penal. Incluye la polémica prisión permanente revisable, nuevas herramientas para perseguir la corrupción o un endurecimiento de las penas por multirreincidencia, entre otras medidas con las que se busca dar respuesta a las nuevas conductas delictivas. En todo caso, el presidente de la Audiencia segoviana supone que como mucho daría tiempo a introducir algún cambio “puntual” que se pudiera considerar “urgente o necesario”, pero no la propuesta de reforma completa, que lleva más de un año en tramitación parlamentaria.
Gallardón y el “descontento” general
El nuevo ministro, Rafael Catalá, fue secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004, pero Pando, que ingresó en la carrera judicial en 1987, no lo conoce. “De hecho su nombre no me sonaba”, admite, ya que “realmente es un TAC (Técnico de la Administración Civil)”. “No es como si dijésemos alguien tan relacionado con el mundo de la Justicia como un abogado del Estado, un abogado, un fiscal… Pero eso ya son cuestiones en las que no tengo opinión, son decisiones del Gobierno y tendrán sus propias razones”, matiza.
En cuanto al ya exministro Ruiz-Gallardón, Pando declina entrar en demasiadas valoraciones sobre su gestión de la cartera judicial, aunque deja algunos matices: “Personalmente tengo mi opinión, pero no creo que interese especialmente; e institucionalmente, como presidente de la Audiencia no puedo pronunciarme”, señala. Sin embargo, “ahí están los resultados y ahí están las hemerotecas”.
“Decir de un día para otro si ha sido bueno o malo es complicado, son opiniones personales que quizá no me corresponden”, añade. “Habrá que ver en el futuro si lo que ha hecho da resultado o no, pero no es una opinión, sino un hecho, que ha conseguido poner descontentos a la mayor parte de los operadores jurídicos”, sentencia.
Imagen: Diego de Miguel/ ICAL
