A nivel de Castilla y León, nuestra provincia es la que experimenta “un mayor incremento de vehículos asistenciales, en más de un 29 por ciento”, según han defendido los procuradores por Segovia del Partido Popular, José Luis Sanz Merino y María Ángeles García, en el nuevo contrato del transporte sanitario terrestre de la Junta de Castilla y León.
De esta forma, Segovia contará con un total de 62 ambulancias, frente a las 48 que incluía el contrato anterior. Se trata de 14 ambulancias más que se distribuyen en siete para el transporte urgente y siete para no urgente.
La provincia pasará de tres a ocho ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA), entre ellas, dos Unidades Enfermerizadas de Emergencias Sanitarias (UENES), que tendrán sede en Cuéllar y Boceguillas. Son ambulancias de soporte vital avanzado y están dotadas de personal de enfermería cuya función es la atención de las urgencias en el lugar donde se producen, la estabilización del paciente y el traslado, si precisa, al centro sanitario más adecuado. Además, son atendidas por un médico consultor situado en el Centro Coordinador de Urgencias que a distancia supervisa el operativo.
Servicio las 24 horas
Segovia dispondrá de 14 ambulancias de Soporte Vital Básico, dos más. Con este dato, para el transporte sanitario urgente, la provincia gana siete ambulancias, de 15 pasa a 22. La procuradora también recordó el nuevo contrato incluye que todas las unidades de soporte vital básico pasarán a dar un servicio de 24 horas. En cuento al transporte programado no urgente, García resumió que pasa de tener 33 ambulancias a 40, y de ellas, seis son de uso individual y 34 tendrán una utilización colectiva.
Los procuradores del PP por Segovia también destacaron que este año está operativo un nuevo servicio de transporte sanitario aéreo, con una inversión asociada de 18 millones de euros y una duración de tres años, formado por cuatro helicópteros con bases en Burgos, Astorga (León), Salamanca y Valladolid, que prestan servicio los 365 días de año y cuyo objetivo es que la asistencia sanitaria a pacientes en situaciones críticas llegue en el menor tiempo posible a pesar de la dispersión geográfica y de la orografía.
Firme apuesta
Los refuerzos y mejoras en transporte sanitario aéreo y terrestre son, para los procuradores del PP, el mejor indicativo de “la apuesta decidida de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, por prestar el mejor servicio, especialmente en el mundo rural”.
El contrato del transporte sanitario de Castilla y León prevé el incremento de los costes de personal, que supone el 80 por ciento del coste total del servicio, e incorpora todas las necesidades asistenciales crecientes de la población como consecuencia de diversos factores como la despoblación del mundo rural o el envejecimiento de la población, y también prevé 23,7 millones de euros destinados a la posibilidad de su modificación, hasta en un cinco por ciento, cuando se apruebe alguna medida concreta para el refuerzo de vehículos en atención primaria, o por un plan de optimización de las emergencias sanitarias de Sacyl que prevea la necesidad de disponer de mayor número de ambulancias con respecto al parque ahora autorizado.
Apuesta por la Sanidad
María Ángeles García aseguró que Castilla y León es la comunidad autónoma que más porcentaje de su PIB destina a gasto público sanitario, un 8 por ciento, muy por encima de la media nacional situada en el 6,9 por ciento. También, es la segunda comunidad que más ha incrementado su gasto sanitario por habitante en los últimos años situándose en el segundo puesto en presupuesto per cápita.
Castilla y León es la comunidad con más médicos en Atención Primaria por cada 1.000 habitantes, la tercera con más enfermeras por cada 1.000 habitantes y la que tiene menor ratio de tarjetas sanitarias en Medicina de Familia. “Aragón disminuye su gasto sanitario pero Castilla y León, en un escenario macroeconómico muy difícil mantiene la voluntad de considerar la Sanidad como prioridad”.
En este contexto, García insistió en reclamar al Gobierno de España que se ponga a trabajar en el “nuevo sistema de financiación autonómica”, donde deje “de castigarse” a Castilla y León, y se tengan en cuenta el el envejecimiento de la población, donde se otorgue más peso a la variable de dispersión y a la superficie de esta Comunidad. Un nuevo sistema de financiación autonómica, argumentó la procuradora del PP, “justo, solidario y acorde con el coste real de los servicios públicos”.
