El Grupo Socialista propone crear un sistema provincial de potabilización móvil

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Segovia ha planteado, a través de una enmienda de sustitución en el Pleno, la creación de un sistema provincial de potabilización móvil de emergencia con el objetivo de dar «una respuesta rápida» a los municipios de la provincia que puedan sufrir problemas de abastecimiento o de calidad del agua.

El Grupo Socialista plantea que la Diputación realice un estudio que analice las distintas fórmulas para disponer de esta capacidad: adquisición en propiedad, alquiler o disponibilidad permanente mediante convenio con empresas especializadas. A partir de ese análisis, los y las socialistas proponen que la institución provincial dote a la provincia de, al menos, una solución de potabilización móvil y establezca un protocolo para su movilización inmediata cuando un municipio lo necesite.

El grupo señala además que esta medida debe estar dimensionada en función de las necesidades reales de los municipios. “No es lo mismo abastecer a un municipio de 300 habitantes que resolver una emergencia en uno de 5.000 o 10.000”, ha alegado el diputado provincial socialista Carlos Fraile. Por ello, aseguran que el estudio debería determinar aspectos como la capacidad de tratamiento en metros cúbicos al día, los tipos de contaminantes que puede tratar, el tiempo máximo de movilización, las necesidades de instalación, el personal necesario, el transporte y mantenimiento, los costes de operación y los municipios prioritarios en función de su población y nivel de riesgo.

“No necesitamos una planta parada durante años esperando a que ocurra un problema, sino estudiar un sistema modular que permita movilizar los equipos necesarios en función de la población afectada y de las características de cada emergencia”, ha explicado Fraile. En este sentido, el Grupo Socialista considera necesario estudiar la posibilidad de disponer de varios equipos de diferentes capacidades, de manera que puedan atenderse desde pequeñas localidades hasta municipios de varios miles de habitantes, así como valorar una unidad de mayor capacidad o un contrato de disponibilidad para situaciones extraordinarias. “La clave es que exista una respuesta provincial preparada antes de que llegue la emergencia, no empezar a buscar soluciones cuando los vecinos ya no pueden consumir el agua”, ha añadido.

La propuesta se enmarca en un contexto de los problemas de calidad del agua registrados recientemente en distintos puntos de la provincia. De hecho, el Ayuntamiento de Segovia ha recurrido este mes al alquiler de una potabilizadora portátil para Revenga, ante los problemas de turbidez del agua procedente del embalse de Puente Alta. La instalación está concebida como una solución temporal mientras se recuperan las condiciones adecuadas del embalse. 

Para los y las socialistas, experiencias como las de Zamora y Almería demuestran que las soluciones móviles pueden formar parte de la respuesta de las administraciones ante problemas puntuales de abastecimiento, sin sustituir las infraestructuras permanentes que cada municipio necesite. En el caso de Segovia, «el objetivo sería trasladar esa capacidad de respuesta a una escala provincial y garantizar que pueda movilizarse cuando las circunstancias lo requieran», explican.

Fraile ha insistido también en que la potabilización móvil «no puede entenderse como sustituta de las inversiones estructurales en abastecimiento». Por ello, la propuesta socialista establece expresamente que esta solución «se utilizará cuando sea técnicamente viable y cuente con las correspondientes garantías y autorizaciones sanitarias», y que su implantación «no supondrá dejar de financiar las infraestructuras permanentes que necesiten los municipios».

La enmienda planteada por el Grupo Socialista recoge tres compromisos concretos. En primer lugar, dotar a la provincia de, «al menos», una solución de potabilización móvil de emergencia, dimensionada para atender las necesidades de los municipios, y realizar previamente un estudio que analice las fórmulas de adquisición, alquiler o disponibilidad permanente mediante convenio con empresas especializadas. También sugiere establecer mediante una ordenanza o instrumento jurídico similar un protocolo de actuación, con criterios de activación, procedimiento de solicitud por los ayuntamientos, tiempos máximos de respuesta, responsabilidades de instalación y operación y coordinación con las autoridades sanitarias. Y, por último, exige garantizar que la solución se utilice únicamente cuando sea técnicamente viable y cuente con las garantías y autorizaciones sanitarias correspondientes, manteniendo y ampliando, cuando sea posible, las inversiones destinadas a las infraestructuras permanentes de abastecimiento municipal.

Tal y como señalan desde el grupo, en principio, todos los grupos de la oposición, a excepción de Vox, aceptaron la enmienda, pero, finalmente el Partido Popular la rechazó.