El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Segovia y una gran parte de la plantilla de la Policía Local de Segovia ha escalado en los últimos días tras la ruptura de la mesa de negociación y los problemas registrados en los dispositivos de seguridad de varios eventos multitudinarios celebrados durante las fiestas navideñas.
El Gobierno municipal ha expresado su “profunda preocupación” por lo que considera una actitud de desobediencia a órdenes de servicio dictadas desde la Alcaldía para reforzar la seguridad en actos con gran afluencia de público, como la Tardebuena o la carrera popular de San Silvestre. Según el Ejecutivo local, la negativa de algunos agentes a cubrir estos servicios ha provocado una “inaceptable merma de la seguridad” y ha generado una sensación de alarma entre la ciudadanía.
Desde el Ayuntamiento subrayan que, aunque se respeta el derecho de protesta y la legitimidad de las reivindicaciones laborales, la seguridad pública es un servicio esencial que “no admite situaciones que la vulneren”. En este sentido, recuerdan que la desobediencia a órdenes directas figura como una falta muy grave en el reglamento policial y no puede quedar sin respuesta.
Dispositivos incompletos y reincidencia
A través de un comunicado, el Gobierno municipal denuncia que en el operativo de la Tardebuena, celebrado el 24 de diciembre, la asistencia de agentes fue parcial pese a que los refuerzos habían sido decretados por el alcalde, obligando a reorganizar los controles previstos. Esta situación, aseguran, se repitió el 31 de diciembre durante la San Silvestre Segoviana, poniendo en riesgo tanto a los ciudadanos como a los propios policías que sí cumplieron con sus obligaciones.
Ante estos hechos, el Ayuntamiento considera “inadmisible” que la actitud de una parte del cuerpo comprometa la seguridad de eventos multitudinarios y el funcionamiento normal del servicio, y ha reiterado su compromiso de garantizar la protección de las personas y el orden público.
Nula intención negociadora, según la Policía Local
Este escenario se produce apenas un día después de la ruptura de la mesa de negociación celebrada el 29 de diciembre entre el Ayuntamiento y los representantes policiales, que concluyó sin acuerdo y con posiciones enfrentadas.
Desde la Policía Local, el balance del encuentro es muy negativo. El colectivo denuncia la “nula intención negociadora” del Gobierno municipal y sitúa el origen del conflicto en una asamblea celebrada el pasado 12 de diciembre, de la que salió un manifiesto firmado por 78 agentes en el que se recogen reivindicaciones que, según sostienen, llevan tiempo trasladándose sin respuesta. Como medida de presión, los policías decidieron dejar de realizar horas extraordinarias voluntarias, que hasta ahora permitían cubrir dispositivos especiales.
Los agentes critican además que el Ayuntamiento recurriera a decretos de obligado cumplimiento para cubrir los servicios de los días 24 y 31 de diciembre, afectando, según su versión, a los descansos y a la disponibilidad de la plantilla.
Dos visiones enfrentadas
El equipo de Gobierno ofrece una lectura muy distinta. En una nota de prensa, explica que decidió interrumpir las negociaciones mientras se mantengan las medidas de presión adoptadas de forma unilateral por los agentes, al considerarlas “lesivas para el conjunto de la ciudadanía”, especialmente en un contexto de alta concentración de actos públicos y con el país en nivel cuatro de alerta antiterrorista.
Desde el Ayuntamiento también se cuestiona la incorporación de nuevas reivindicaciones que, aseguran, no se habían planteado previamente, así como la reapertura de asuntos que consideran ya superados, como la dotación de material o el número de efectivos, que sitúan actualmente en 111 policías tras los refuerzos realizados durante el mandato.
