El ‘Cristal de la Granja’, primera solicitud para la Indicación Geográfica de Productos Artesanales de España
Fecha:
Compartir:
El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) publica hoy el registro de la solicitud del Cristal de La Granja como primera Indicación Geográfica de Productos Artesanales de España.
¿Qué es la Indicación Geográfica de Productos Artesanales?
En diciembre del año pasado entró en vigor la nueva regulación europea de indicaciones geográficas -Reglamento (UE) 2023/2411-. Por primera vez, se establece un sistema uniforme de protección de Indicaciones Geográficas (IG) para productos artesanales e industriales. De esta manera, se les equipara al nivel de reconocimiento jurídico del que ya disfrutan los alimentos y bebidas con indicación geográfica.
Con este nuevo marco, se fomenta el vínculo entre determinados productos y su territorio, reforzando la protección de técnicas, tradiciones y conocimientos transmitidos durante generaciones. Por ello, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha concluido la primera fase del trámite para que Cristal de La Granja consiga el sello europeo de Indicación Geográfica de Productos Artesanales, solicitado por la Fundación de la Real Fábrica de Cristales.
El procedimiento de registro de una indicación geográfica de productos artesanales e industriales consta de dos fases. La primera de ellas es a nivel nacional, pasando posteriormente a una segunda fase a nivel de la Unión Europea.
El nombre ‘Cristal de la Granja’
El nombre para el que se solicita la protección que confiere su registro como indicación geográfica, ‘Cristal de La Granja’, se refiere a un producto cuyo origen geográfico se circunscribe al ámbito territorial autonómico de Castilla y León. En concreto, al municipio del Real Sitio de San Ildefonso – La Granja.
Con la publicación en el BOPI de esta solicitud de registro, la primera que a nivel nacional alcanza esta fase, se abre un plazo de dos meses para que toda persona que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en España pueda formular aquellas consideraciones para su examen por la autoridad autonómica competente.
