El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy publica la orden del Ministerio del Interior por la que se crea el Centro Penitenciario de Soria y se procede a la clausura del existente. El nuevo centro penitenciario asumirá la actividad, prestaciones y servicios del antiguo establecimiento penitenciario, lo que conlleva, en cuanto a la ordenación de recursos humanos, la adscripción general a aquel del personal destinado en este último, puesto que mantiene la identidad de funciones y las características de sus puestos de trabajo. La orden entra en vigor mañana.
A pesar de su clausura, el actual Centro Penitenciario de Soria sito en la plaza Marqués del Saltillo (zona de la calle Las Casas), seguirá funcionando temporalmente, hasta que se produzca de forma progresiva el traslado completo de internos al nuevo; momento a partir del cual será decretado, por resolución del secretario general de Instituciones Penitenciarias, el cese de la utilidad, a los fines penitenciarios, del antiguo establecimiento.
Su creación permitirá disponer de mejores espacios, mayor número de plazas (se dispondrá de una capacidad operativa máxima de 1.366 plazas frente a las 271 actuales) y «óptimas» dotaciones para asegurar el mandato constitucional de reinserción y rehabilitación de los internos.
Este nuevo centro penitenciario refuerza el compromiso de generar «las mejores condiciones para alcanzar el éxito de los programas de tratamiento y avanzar en los objetivos de asegurar la rehabilitación y la reinserción social».
La creación del nuevo Centro Penitenciario de Soria responde a las «necesidades y carencias del centro penitenciario existente en la actualidad». Además se refuerza el principio de seguridad jurídica, dado que se regula la apertura de un nuevo centro penitenciario, al tiempo que se aborda el paulatino cierre del existente. En cuanto al principio de transparencia, su tramitación se encuentra exenta de la consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información pública. Finalmente, con respecto al principio de eficiencia, la orden no supone la creación de cargas administrativas.
Según recoge el BOE, la Administración Penitenciaria, de acuerdo con el Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios (PACEP), continúa desarrollando la actualización y adecuación de sus infraestructuras penitenciarias, procediendo a la clausura de centros que, con el paso del tiempo, van quedando obsoletos y, en consecuencia, poco adaptados a las nuevas exigencias de seguridad, habitabilidad y posibilidades de intervención tratamental.
Estos objetivos, dice la Orden que firma el ministro Fernando Grande-Marlaska, deben de garantizarse a todas aquellas personas que, en cumplimiento de mandamientos y sentencias judiciales, permanezcan en el interior de centros penitenciarios, en unos casos para su retención y custodia, y en otros para cumplir condenas privativas de libertad. El propósito será asegurar los fines que constitucionalmente se asignan a la actuación de la Administración Penitenciaria, procurando que dichos establecimientos estén adaptados a la realidad penitenciaria actual y a las previsibles exigencias futuras en sintonía con el conjunto del sistema penitenciario.
La política de construcción de los nuevos centros penitenciarios es heredera del modelo que se vino a denominar ‘centro tipo’, en los que se busca una «estructura arquitectónica funcional, segura pero humanizada, con espacios, instalaciones y servicios idóneos que posibiliten la mejor clasificación interior y que estén al servicio del logro de los fines que el ordenamiento jurídico asigna a la Administración General del Estado en el ámbito penitenciario».
Asimismo, se procurará «mejorar y desarrollar la eficacia del servicio público de forma equilibrada con los recursos materiales y humanos disponibles». A la estructura polivalente de estos centros, similares a otros ya inaugurados desde 1995, se le añade, en términos de cantidad y calidad, las modernas tecnologías, incluidas las de aprovechamiento de energías renovables. Esta polivalencia permitirá el desarrollo de programas de intervención específicos, facilitando el cumplimiento penitenciario en las zonas de arraigo social de las personas condenadas.
