El 4 de enero, entra en vigor el Boletín Oficial de Castilla y León de manera electrónica con “plena validez jurídica” y que solo podrá ser consultado por internet, según señaló en declaraciones a Ical el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez.

Es decir, las personas podrán consultarlo y contar con validez jurídica como cuando era de papel. Con esta medida, añadió el consejero, se moderniza y facilita el acceso a los ciudadanos a la Administración, al tiempo que supone un ahorro para las arcas de la Comunidad de cerca de un millón de euros y de 120 millones de páginas de papel con lo que se contribuye al desarrollo sostenible.

La Junta aprobó en septiembre en Consejo de Gobierno un decreto mediante el que se concede la plena validez jurídica a la versión electrónica del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) que, entre otros aspectos, evitará la impresión anual de 120 millones de páginas. Se trata de un paso fundamental en el proceso pilotado por la Consejería de la Presidencia que llevará, a partir de mañana, a la puesta en marcha del nuevo Boletín Electrónico.

Además de dotar de validez jurídica a su edición electrónica, el decreto supone un cambio radical en varios frentes. En primer lugar, establece una nueva estructura para el contenido del documento, más ajustada a la realidad actual. De esta manera, los contenidos quedarán organizados en función de su origen, volumen e interés, lo que facilita su acceso y consulta. Así, por ejemplo, las primeras referencias en cada número serán las que corresponden a la Comunidad ya que, en la actualidad, son las más numerosas.

Igualmente, la nueva normativa permitirá a todos los ciudadanos el acceso de forma gratuita al Bocyl, bien desde su propio domicilio o desde cualquier otro lugar con conexión a internet como los puntos que ofrece la Junta de Castilla y León: las oficinas de información y atención al ciudadano, los cibercentros y las bibliotecas públicas. En la actualidad, para poder contar con el Boletín con plena validez jurídica es preciso adquirir el ejemplar correspondiente en formato papel a un coste de 0,82 euros por unidad, o bien suscribirse anualmente mediante el pago de una tasa total de 198,30 euros.

Junto a este decreto, se ha dado luz verde a otro por el que se actualiza la normativa que contempla la numeración de las disposiciones y de los actos administrativos que deben publicarse en el Boletín electrónico. Incorpora la figura del decreto-ley, regulada en el Estatuto de Autonomía, y añade nuevas secciones en el Registro de Disposiciones y Actos Administrativos.

Cuando el Bocyl funcione en internet con plena validez jurídica a partir de mañana se dejarán de imprimir cada año más de 120 millones de páginas, por lo que se contribuirá de manera destacada a la mejora de la gestión medioambiental y al impulso del desarrollo sostenible, así como al ahorro del gasto público, con una reducción de su coste de edición del 60 por ciento. A ello hay que sumar otros 500.000 euros anuales derivados de los gastos postales de envío del Boletín en papel y que con el nuevo formato supondrán otra partida más que podrán ahorrar las arcas autonómicas. Buena prueba de ello es que, sólo durante el año pasado, la web del Bocyl recibió más de cinco millones de visitas.

La puesta en marcha de la versión electrónica es un compromiso de legislatura y la Consejería de la Presidencia trabaja desde el otoño de 2007 para cumplirlo. Responde a la previsión del Estatuto de Autonomía cuando establece, como uno de los principios rectores de las políticas públicas, que las administraciones promuevan y adopten las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de unos servicios de calidad.