El Banco de España valoró “muy positivamente” las salidas a Bolsa de Bankia y Banca Cívica, además de CaixaBank, por cuanto suponen, “cuantitativa y cualitativamente, un avance fundamental en la reforma de las cajas de ahorro y en el cumplimiento de las exigencias impuestas a las entidades de crédito”.
La entidad sostiene que “el objetivo de incentivar el recurso al capital privado antes que solicitar ayudas públicas ha exigido también acometer procesos nada simples como la salida a Bolsa de algunas entidades”, entre ellas las de Bankia y la de Banca Cívica.
En el caso de la primera, de la que forman parte Caja Segovia y Caja de Ávila, el organismo regulador había establecido una necesidad de capital adicional para cumplir con las exigencias del Gobierno de 5.775 millones de euros, que en el caso de Banca Cívica, del que forma parte Caja de Burgos, descendía a 847 millones de euros.
Así, el Banco de España recuerda que los dos bancos formaban parte “del reducido grupo de entidades» -13 en total, de las 114 examinadas en marzo- «que debían recapitalizarse para cumplir con los nuevos coeficientes de capital del 8 y el 10 por ciento”.
Con estas salidas a Bolsa, el organismo regulador recuerda que son ya muchas las entidades que han dado los pasos necesarios para cumplir con el calendario y los objetivos marcados por el Parlamento, ya que queda solo un reducido número de cajas que deben completar su recapitalización en los aproximadamente dos meses que quedan hasta el 30 de septiembre, fijado como fecha límite por la norma.
Con la salida a Bolsa de Bankia y Banca Cívica “el proceso está ya muy cerca de su finalización”, señala el Banco de España en un comunicado hecho público esta tarde.
La reestructuración del sistema bancario, centrada fundamentalmente en la transformación de las cajas de ahorro, ha sido un proceso “extremadamente laborioso”, explica, no solo por la variedad e importancia de los ajustes normativos que han sido necesarios para adaptar unas entidades centenarias a los tiempos actuales, sino, sobre todo, porque el legislador eligió un proceso que se ha basado en la libre voluntad de todos los intervinientes. Ello explica la cantidad de autoridades que han tenido que tomar distintas resoluciones, así como los múltiples órganos de gobierno de las entidades involucradas que han tenido que adoptar diversos acuerdos de fusiones, constitución de SIP o transformación en bancos, acuerdos todos ellos de “gran complejidad y necesitados en muchos casos de negociaciones entre numerosos agentes”.
Otro objetivo del Gobierno fue reducir al máximo la carga sobre el contribuyente español lo cual, además de propiciar integraciones, llevó a renunciar a modelos utilizados en otros países que consistían en una “rápida e ingente inyección de capital público”.
