El Ayuntamiento de Segovia, a través de la concejalía de Servicios Sociales, ha iniciado una ronda de contactos con las entidades bancarias de la ciudad con el objetico de solicitar su colaboración para facilitar el acceso a una vivienda a las personas con más dificultades económicas.
La concejala Ana Peñalosa remitió a finales de enero una carta a los directores de dichas entidades, a quienes invitó a trabajar en estrategias comunes para dar respuesta a este problema en nuestra ciudad. En la misiva, Peñalosa subrayó que, ante la circunstancia de que los bancos hayan adquirido el derecho de propiedad de viviendas (como resultado de ejecución hipotecaria u otro procedimiento deudor), y que el Ayuntamiento está en condiciones de poder valorar las necesidades existentes en la ciudad, sería conveniente establecer algún tipo de relación que para facilitar el acceso a las viviendas vacías de la ciudad a quienes más las necesitan.
Según los últimos datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística, en Segovia hay cerca de 5000 viviendas vacías, aproximadamente un 17 por ciento del parque de viviendas. Hay que recordar que en los últimos años las entidades bancarias han utilizado frecuentemente los inmuebles vacíos como mercancía, acumulándolos con fines especulativos. Muchos de esos pisos proceden de desahucios y, debido a la situación económica, permanecen sin ocupar durante un largo periodo de tiempo. Los poderes públicos deben evitar que se lleven a cabo estas prácticas para garantizar el derecho a una vivienda digna, y tomar medidas sin que la austeridad presupuestaria sea una excusa.
En su momento se destinó mucho dinero público para rescatar a los bancos, y este sería un buen momento para que las entidades devuelvan ese favor a la sociedad, con el uso de estos inmuebles vacíos como vivienda social o con alquileres asequibles. Cabe destacar que en Segovia el problema del alquiler es especialmente remarcable, ya que es una de las capitales de provincia con los precios más caros.
La vivienda es un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido por las administraciones. El acceso a una vivienda digna es uno de los problemas más importantes de la actualidad, especialmente para la población joven, y requiere soluciones. La defensa de su función social constituye la garantía para no excluir a grandes capas de la sociedad y para defender la dignidad de todas las personas.
