Avances en la extensión de la banda ancha en la provincia de Segovia ya que, según las previsiones, el 98 por ciento del territorio contará con internet de alta velocidad en el año 2022, tras la la firma de un protocolo de actuación entre el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
En el acto de la firma, celebrado en la Casa de la Cultura de San Martín de Mansilla de las Mulas en León, también han estado presentes el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el viceconsejero de Infraestructuras, José Luis Sanz Merino, según ha informado la institución provincial a través de una nota de prensa remitida a Europa Press.
Para Miguel Ángel de Vicente “sin duda es una herramienta básica para garantizar la igualdad de oportunidades, impulsar la actividad económica en el medio rural y, con ello, frenar la despoblación”.
También para la Junta de Castilla y León constituye una de sus prioridades estratégicas dotar de esta conectividad a los territorios, para lo que viene desarrollando diversas actuaciones a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de manera coordinada con los órganos competentes en materia de telecomunicaciones de la Administración General del Estado.
Ambas instituciones han considerado fundamental establecer un marco colaborativo “para lograr un acceso al mundo digital en condiciones de igualdad ya que en la actualidad las cifras de cobertura presentan una distribución desigual en función del tamaño de las entidades de población, por lo que se desfavorece a las más pequeñas, especialmente numerosas en nuestra provincia”, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Infraestructuras Digitales a mediados del pasado año.
Este marco colaborativo se plasma en un Protocolo General de Actuación que tiene por objetivo definir las futuras líneas de colaboración entre la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León para contribuir a la mejora de la banda ancha, tanto fija como móvil, en toda la provincia.
Esta cooperación irá encaminada a la realización de un diagnóstico de la situación de cobertura de los diferentes servicios de acceso a internet “para conocer de forma detallada las necesidades concretas de cada lugar”; a la ejecución, de forma coordinada, de la estrategia diseñada; y a la aportación de fondos, en función de las disponibilidades presupuestarias, al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación gestionado por el Gobierno de España, “para hacer posible que los proyectos de despliegue de redes financiados por este programa beneficien a un mayor número de municipios en la provincia de Segovia”, ha resaltado De Vicente.
Para realizar el seguimiento de este protocolo, que tendrá una vigencia de tres años, se constituirá una Comisión de Coordinación e Impulso integrada por cuatro miembros, dos designados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y otros dos designados por la Diputación. La Junta de Castilla y León invertirá cerca de veinte millones de euros en función de los índices de cobertura provinciales.
ALQUILER SOCIAL
Ambos dirigentes han firmado otro protocolo para la rehabilitación y destino al alquiler social de viviendas en el medio rural de la provincia de Segovia con el objetivo de fomentar el parque público de viviendas con este fin social.
Es la primera vez que la Diputación de Segovia colabora en el Programa ‘Rehabitare’ de la Junta de Castilla y León, que invertirá 4,2 millones de euros para llevar a cabo intervenciones en 300 inmuebles municipales de la región. “
La institución provincial va a colaborar durante toda la legislatura porque son inversiones con las que se ponen en valor edificios de los ayuntamientos de la provincia, lo que favorece que los jóvenes puedan quedarse en los pueblos a vivir de alquiler por precios asumibles”, ha destacado el presidente provincial.
Por eso, ambas instituciones se comprometen a promover cuantas actuaciones resulten necesarias para seleccionar inmuebles en los pueblos de la provincia con el fin de habilitar su destino al alquiler social, integrándose así en el parque público de la Comunidad Autónoma. Además, se establecerán los mecanismos de coordinación adecuados para la ejecución de este protocolo mediante la suscripción, en su caso, de convenios de colaboración. Este protocolo tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de ocho.
