Las auditorías energéticas encargadas por la Diputación de Segovia de los edificios públicos y el alumbrado de 208 municipios de la provincia revelan que la aplicación de las medidas correctoras propuestas permitirían un ahorro de 1.800.000 euros (un 48 por ciento menos) en el consumo anual. Según los resultados obtenidos por la empresa Creara, adjudicataria del proyecto, se tendrían que invertir 14 millones para aplicar todas las propuestas, que serían amortizables en el plazo de 7,8 años. Estos estudios reflejan también que la facturación total por el gasto energético en el 98 por ciento de las localidades segovianas (excluida la capital) y en 417 inmuebles municipales asciende a 3,7 millones de euros.
El presidente de la institución provincial, Francisco Vázquez, que presentó hoy las auditorías acompañado por el diputado de Promoción Económica, Rafael Casado; el director general de Creara, Rodrigo Morell; y el jefe del Departamento de Ahorro y Eficiencia energética del Ente Regional de la Energía (EREN), Luis Díez, destacó la importancia de estos informes, siendo la primera Diputación de la región en hacerlos. “El resultado ha sido satisfactorio y nos encontramos a la espera de ir adoptando muchas de estas medidas, pero podemos decir que estamos mejor que antes porque tenemos más información”, aseguró Vázquez en declaraciones recogidas por Ical.
Estas auditorías energéticas, encargadas por la Diputación dentro de las propuestas aprobadas en el Plan Estratégico Provincial, han supuesto la inversión de 175.000 euros y permitirán a los municipios contar con un inventario de su alumbrado público, así como un plano digital y el certificado energético. Una documentación a la que podrán acceder a través de una herramienta informática que facilitará el trabajo tanto a los técnicos como a los consistorios.
Por su parte, Morell explicó las distintas fases que se han seguido desde principios de año para la elaboración de estas auditorías, en las que han trabajado 28 profesionales recopilando datos por toda la provincia. El director general de Creara, empresa adjudicataria de este proyecto, concretó que en el caso del alumbrado público se han analizado 48.393 puntos de luz y sus centros de mando en un 98 por ciento de los pueblos de la provincia, lo que supone un 66 por ciento de la población, ya que está excluida la capital segoviana.
En este apartado, el consumo anual asciende a 2.400.000 euros y las auditorías han revelado que el alumbrado es “bastante eficiente, porque sí que se han hecho programas autonómicos y nacionales de eliminación de luminarias antiguas”. Sin embargo, Rodrigo Morell matizó que “en general” se han encontrado “con unas instalaciones deficientes a nivel de centros de mando y con un alumbrado de poca calidad lumínica”.
Las propuestas planteadas en los estudios incluyen el uso de nuevas tecnologías de iluminación, “principalmente tecnología LED que te permite tanto ahorrar energía como mejorar la calidad lumínica nocturna”, señaló. Ante esta situación, las medidas se centran en actuaciones en centros de mando, en puntos de luz, el cambio de lámparas y el cambio de la luminaria al completo, que generaría un 53 por ciento del ahorro.
“En total se podría reducir un 60 por ciento del gasto en alumbrado público, a la vez que mejoramos las condiciones de calidad lumínica. Es verdad que el retorno de esta inversión es relativamente alto para lo que nos encontramos en otros lugares , en torno a ocho años, pero es el problema del que partíamos”, incidió Morell.
358 edificios con certificado energético
Las auditorías también se han llevado a cabo en 410 edificios municipales y siete de la Diputación de Segovia. Morell recordó que con este proyecto se cumple la normativa que obliga a la administración pública a que los inmuebles de más de 500 metros cuadrados exhiban el certificado energético, aunque en el caso de la institución provincial se ha ampliado a los de 250. De esta forma, un total de 358 edificios cuentan ya con este documento, como informó el director general de Creara.
En el caso de esta fase, los estudios concluyen que el consumo anual alcanza 1,3 millones, que podría rebajarse un 21 por ciento (400.000 euros) si se aplicasen las medidas correctoras con un plazo de retorno de las inversiones de seis años. Morell resaltó el gasto en climatización, donde se ahorraría un veinte por ciento.
A partir de ahora, como afirmó Rafael Casado, desde la Diputación “se va a convocar a los alcaldes por grupos de diez o 15 para enseñarles personalmente la página donde ellos pueden ver cuáles son sus medidas y un plano de los puntos de luz”. Posteriormente, desde la Oficina Provincial de la Energía, que está en Promoción Económica, “se va a hablar con ellos sobre cómo desarrollar las medidas”, añadió. “Hay cosas que con poco dinero se pueden solucionar y, una vez que veamos todo eso, veremos cómo se puede organizar desde la institución provincial a través de ayudas del EREN, fondos Feder o europeas”, concluyó.
