La Guardia Civil destruyó 5.700 armas en Castilla y León durante el año 2020, de las que cerca de 3.900 eran de fuego, mientras que, a nivel nacional, la cifra asciende hasta las 60.083 armas, entre las que más de 49.100 eran de fuego. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.

Por provincias, León se posiciona a la cabeza en la Comunidad, con un total de 1.247 armas destruidas (143 son cortas, 598 largas y 506 de otra tipología); seguida por Ávila con 1.225 (119 cortas, 553 largas y 553 de otra tipología); Salamanca con 1.125 (122 son cortas, 536 largas y 467 de otras); Zamora con una cifra global de 687 (33 son cortas, 445 largas y 275 de otra tipología).

En la mitad de la tabla se localiza la provincia vallisoletana con 510 armas destruidas, de las que 73 hacen referencia a cortas, 422 a largas y 15 más a otras de diversos tipos. Tras ella se encuentra Palencia y sus 428 armas, repartidas en 38 armas cortas, 365 armas largas 25 de otros tipos. A la cola se ubican Soria, con 256 armas (32 cortas, 201 largas y 23 de otros tipos) y Segovia con 221 (29, cortas 156 largas y 36 de otros tipos). En el caso de Burgos, los datos facilitados por el instituto armado no catalogan ninguna destrucción.

La competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene, se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Estas unidades, controlan el acceso legal a las armas, para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.

Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas. La inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.

La Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. Ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.