Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que explotaba laboralmente a ciudadanos venezolanos en Madrid y Segovia. Las víctimas, que en su mayoría se encontraban ya en territorio español, eran captadas a través de una organización de venezolanos en España y mediante el uso de redes sociales. Eran empadronados en varias localidades de la provincia de Segovia y guiados para que solicitaran la protección de asilo en el país, apropiándose de las diferentes ayudas económicas que recibían. Las víctimas eran forzadas a trabajar con escasa o nula remuneración en diferentes actividades bajo el control de la organización, e incluso una de ellas fue presionada para ejercer la prostitución. La operación policial ha finalizado con seis personas detenidas en las provincias de Madrid y Segovia y 14 víctimas identificadas.

La investigación se inició después de que la Policía Nacional de Segovia recibiera la denuncia de una asociación en la que se alertaba de la situación en la que se encontraban varios ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos. Las diversas pesquisas realizadas por los agentes permitieron detectar una organización criminal dedicada a la explotación laboral, y en algún caso también sexual, de ciudadanos venezolanos en las provincias de Madrid y Segovia.

Empadronados para solicitar asilo y ayudas económicas

La organización criminal se dedicaba a captar ciudadanos extranjeros que ya estaban en España, utilizado para ello una asociación de venezolanos en España y redes sociales, aunque en algún caso la captación se producía en el país de origen.

Las víctimas eran enviadas a varias localidades de la provincia de Segovia donde eran empadronadas con el fin de iniciar los trámites de solicitud de Protección Internacional (asilo). Allí eran obligadas a requerir, a través de ONG´s, las diferentes ayudas y prestaciones económicas existentes, los cuales se quedaban en poder de la organización como pago por el alojamiento proporcionado.

Sin permiso de trabajo ni remuneración

El grupo criminal también forzaba a las víctimas a trabajar en diferentes actividades bajo su control, a pesar de que carecían de permiso de residencia y trabajo. El lugar más utilizado para la explotación era un establecimiento de restauración ubicado en Madrid, aunque varias de las víctimas fueron obligadas a trabajar en la construcción, servicios de catering o reparto de prensa, con jornadas laborales mucho más extensas de lo legalmente permitido y con nula o escasa remuneración. Además, una de las víctimas declaró que fue presionada para ejercer la prostitución en Segovia.

La operación policial concluyó con la inspección del establecimiento de restauración usado por los explotadores, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid, y procediendo, en la ciudad de Segovia, a la detención de las seis personas consideradas máximas responsables de la organización.