La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, atribuyó hoy el ligero descenso del número de solicitudes de las ayudas de la Política Agrícola Comunitaria de 2012 a que “los agricultores y ganaderos han hecho unas previsiones que tienen que ver con la rentabilidad”. Clemente explicó que las 94.254 solicitudes únicas tramitadas por las Conserjería de Agricultura y Ganadería, están ligadas “a lo que en este momento, se puede considerar como más ventajoso para tener más valor por parte de los agricultores y ganaderos”, considerando por un lado las situaciones de los mercados de las diferentes materias primas y, por otro, los costes de producción así como la disponibilidad de un recurso tan esencial para las producciones intensivas de verano como es el agua, “y no influyendo el modelo de aplicación de las ayudas”.
Durante una visita a Segovia para participar en la inauguración del I Congreso Provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la provincia, Silvia Clemente, destacó que está previsto que se abonen más de 1.000 millones de euros en ayudas a dichos perceptores que han disminuido en 1.533 respecto a 2011, cuando se registraban un total de 95.787 solicitudes únicas.
La consejera señaló que las superficies que se han declarado han experimentado algunos cambios entre los que citó el aumento del 1% en los terrenos de cereales hasta alcanzar los 2 millones de hectáreas, de las cuales por especies destacarían: 789.062 hectáreas de trigo, 928.356 de cebada y 103.956 de avena, 106.586 de centeno, y 11.710 de triticale. Clemente auguró las buenas perspectivas para este tipo de cultivo tras las últimas lluvias del mes de abril señalando que la cosecha podría estar en torno a la media de lo que Castilla y León cosecha de manera ordinaria, unos 6 millones de toneladas. Además, hizo especial hincapié en que “en la medida en la que representamos el 40% de la producción en España, podríamos incluso incrementar esa participación porque los pronósticos para España son de una caída en torno al 30%”. En este sentido, Clemente señaló que Castilla y León se situaría en una posición de producción “muy importante para nuestro país” en lo que al cereal se refiere.
Por otro lado, la titular de Agricultura y Ganadería señaló el incremento del 17% del cultivo de oleaginosas, que en su conjunto podrían superar las 323.134 hectáreas, fundamentalmente por la superficie de girasol; y la bajada generalizada en cultivos que dependen del agua.
Los datos prevén, además, estabilidad en la superficie destinadas a proteaginosas y leguminosas de grano, en torno a las 132.990 hectáreas.
En cuanto a las tierras sin cultivo, es decir dedicadas al barbecho, se prevén en torno a 524.333 hectáreas. En concreto 68.868 hectáreas menos que el pasado año que han sido sustituidas por el cultivo de forrajes y de oleaginosas.
Provincias
Por provincias, Zamora fue la que presentó un mayor número de solicitudes con un 13.754, un 14,6 por ciento; le siguen las provincias de León con 13.191 peticiones de pago, el 14 por ciento; y Burgos con 12.015 solicitudes presentadas, 12, 7 por ciento. Salamanca con 11.788 solicitudes presentadas, un 12,5 por ciento; Valladolid con 10.662 solicitudes y un 11,3 por ciento; Ávila con 10.468 solicitudes y un 11,1 por ciento; Segovia con 7.836 solicitudes presentadas y un 9,7 por ciento; y las provincias de Palencia, con 7.836 solicitudes (8,3 por ciento); y Soria con 5.403 solicitudes (5,7 por ciento).
Las ayudas contempladas para la convocatoria de este año, de las que 950 millones proceden de fondos europeos (FEAGA Y FEADER) y 50 millones con financiación de la Junta de Castilla y León y del Ministerio, son las de Régimen de Pago Único por explotación, la de pagos específicos a los productores de frutos de cáscara, algodón y remolacha azucarera; los pagos acoplados a los productores de vacas nodrizas; las ayudas específicas a determinados sectores productivos vinculados a producciones de calidad o considerados más vulnerables desde el punto de vista de la rentabilidad económica y también de la sostenibilidad; y las ayudas cofinanciadas por el FEADER para actuaciones agroambientales, indemnización compensatoria a los agricultores y ganaderos con explotaciones en zonas desfavorecidas y para agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento a las explotaciones.
De las solicitudes registradas, 94.047, es decir el 99,8 % de total, como ha explicado la consejera, se han realizado por medio de internet utilizando la aplicación informática y el sistema de registro telemático desarrollada por la Junta de Castilla y León. Se trata de un sistema que simplifica la gestión, ya que no es necesaria la presencia física del solicitante ni de documentación en papel; permite agilizar el pago de las ayudas; y además, ofrece una mayor seguridad ya que se reducen las incidencias en los trámites administrativos.
Este sistema se puso en marcha en la campaña 2007 y desde ese momento se ha incrementado progresivamente las solicitudes presentadas vía telemática a la vez que se ha reducido de forma significativa la aportación de documentos en papel como se puede comprobar en la gráfica siguiente. En el año 2012, el 75% de los solicitantes no han tenido que presentar documentación en formato papel y el 15% solamente ha necesitado aportar un documento.
Pagos de las Ayudas
A partir de este momento, los agricultores y ganaderos disponen de todo el mes de mayo para revisar los datos declarados en su solicitud y efectuar las modificaciones que consideren necesarias en sus planes de cultivos, especialmente aquellas relacionadas con las siembras de los cultivos de verano.
Posteriormente la Junta de Castilla y León desarrollará todos los procesos de control administrativo y verificaciones, con el objeto de poder determinar las superficies admisibles para la percepción de las ayudas y cumplir con el calendario de pagos que de forma oficial se inicia el 1 de diciembre. La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha manifestado su disposición, como ha venido realizando en campañas anteriores, a anticipar los pagos en las fechas y condiciones que finalmente determine la Comisión Europea.
