Segovia cuenta con cuatro infraestructuras situadas en zonas con riesgo muy grave de inundaciones en un escenario extremo de recurrencia de 500 años, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad al que ha tenido acceso Ical. Esto quiere decir que, en ese largo plazo, estas ubicaciones podrían estar en el foco de una riada, la catástrofe natural que más daños genera en España.
Todas estas infraestructuras se ubican en zonas rurales de la provincia. Se trata de la residencia de ancianos de Mozoncillo y de tres carreteras: la SG-V-3122 en Hontanares de Eresma, la SG-232 en Muñopedro y la SG-V-2113 en Cantimpalos.
Aunque Segovia presenta cifras más reducidas que otros territorios de la Comunidad, el informe advierte de que este tipo de episodios, aunque poco probables, pueden repetirse incluso en años consecutivos, como ocurrió con la DANA de 2024 en Valencia, que superó el escenario de los 500 años y afectó a 16.000 personas más de lo previsto. “No es probable, pero puede pasar”, alerta el director del Observatorio de la Sostenibilidad, el doctor en Ecología Fernando Prieto.
Estas situaciones convierten a las inundaciones en la catástrofe natural que más daños genera en España, con una estimación media anual de 800 millones de euros, según datos del Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero.
405 infraestructuras críticas expuestas a inundaciones en Castilla y León
En el conjunto de Castilla y León, el informe identifica 405 puntos, instalaciones o infraestructuras críticas localizadas dentro de la lámina de inundación de 500 años, de las que 211 presentan un riesgo muy grave de sufrir inundaciones. Estas se reparten en 151 municipios y afectan a servicios esenciales, infraestructuras estratégicas y equipamientos sensibles.
Entre ellas figuran 93 centros educativos, incluidos colegios, guarderías y un centro de Educación Especial; 49 residencias de ancianos y siete hospitales. También, una quincena de campings, un sector que no olvida la tragedia de Biescas (Huesca), una riada catastrófica acontecida en 1996 en el camping Las Nieves donde 87 personas murieron y más de 180 resultaron heridas por una súbita crecida del barranco de Arás.
A esto se suman 15 instalaciones vinculadas a la seguridad y emergencias, como cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de Policía y parques de Bomberos, una circunstancia que, según Prieto, “debe hacer pensar a las administraciones”. “Si quienes nos tienen que ayudar en una emergencia la sufren también…”, reflexiona.
El informe también alerta del impacto medioambiental, con 24 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) amenazadas, así como una industria química en Miranda de Ebro (Burgos) afectada por la Directiva Seveso y una instalación radioactiva en el Hospital Campo Grande de Valladolid, ambas con riesgo muy grave de contaminación.
Además, se contabilizan 29 puntos de emisiones industriales, una decena de infraestructuras energéticas, siete instalaciones hidráulicas, 149 vías de comunicación —carreteras y ferrocarril— y cinco estaciones, tres de ellas en situación muy grave, entre las que figuran las de tren y autobús de Valladolid y la estación ferroviaria de Santa María de Huerta (Soria).
Valladolid y Burgos concentran el mayor riesgo
Según el informe, las provincias de Valladolid y Burgos son las más afectadas. En Valladolid, solo 15 municipios concentran 114 instalaciones con riesgo muy grave, entre ellas campings, residencias de ancianos, centros educativos, hospitales, parques de bomberos, comisarías y depuradoras. En Burgos, se identifican 97 infraestructuras en 29 municipios, con especial incidencia en Miranda de Ebro y la capital.
En el resto de provincias, el riesgo se distribuye de forma más localizada, con infraestructuras afectadas en León, Zamora, Palencia, Soria, Salamanca y Ávila, incluyendo residencias, centros escolares, depuradoras, campings y carreteras secundarias.
“Ponerse las pilas”
“Las administraciones deberían ponerse las pilas e incluir”, señala Prieto. El Observatorio de la Sostenibilidad reclama a las administraciones sistemas de alerta temprana, la paralización de nuevas construcciones en zonas inundables, la revisión de los planes urbanísticos y la adaptación de infraestructuras críticas. “Los campings se pueden cambiar de sitio, pero hospitales, colegios o residencias no”, apunta el doctor en Ecología, quien defiende protocolos claros de evacuación y soluciones basadas en la naturaleza, como la recuperación de meandros, zonas de laminación de agua o presas.
También apuesta por la creación de infraestructuras sostenibles, “sustituyendo y adaptando las actuales, especialmente las más críticas”, como plantas de abastecimiento, depuración, alcantarillado telecomunicaciones, vías de comunicación, subestaciones, redes de energía, hospitales”. Igualmente, implantar medidas de protección para los sectores de la sociedad más vulnerables y establecer planes obligatorios de riesgo de inundación con participación pública.
El informe concluye que es imprescindible planificar con el nuevo escenario de cambio climático, marcado por un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, ya que estos pueden provocar inundaciones “mucho más torrenciales” y superar, como ya ocurrió, los peores escenarios previstos.
