El sindicato CSIF demanda crear la «figura del delegado o delegada sindical especializado en igualdad y atención a los casos de violencia género, que actuarían como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas en empresas y Administración».
La central sindical señala que «la implicación de los/as delegados especializados permitiría avanzar en la detección, atención y apoyo jurídico a las mujeres que sufren este tipo de violencia. Por esta razón, desde CSIF estamos formando a delegados/as sindicales en esta materia. A nuestros servicios de ayuda, llegan a diario consultas sobre cómo actuar cuándo se detectan signos visibles de violencia, abatimiento y faltas al trabajo».
CSIF está negociando un protocolo contra la violencia de género en la Administración General del Estado» con el que pretendemos ofrecer asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que la sufran y que los centros de trabajo actúen de enlace con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las trabajadoras».
CSIF plantea la necesidad de renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Uno de los aspectos que hemos detectado, a raíz de la pandemia, es la expulsión de las mujeres del mercado laboral, una circunstancia que reduce su independencia económica e incrementa su vulnerabilidad ante la violencia de género», señala en un comunicado.
El sindicato reclama relanzar el Pacto de Estado y un pacto social por la eliminación de la violencia contra la mujer; Delegado/a especializada en Igualdad y violencia de género en cada centro de trabajo como figura asimilada a los delegad@s de prevención de riesgos laborales; que se destinen partidas específicas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinadas a dotar de medios la Justicia; que los fondos del pacto de estado en materia de violencia de género lleguen de manera efectiva a los Juzgados; programas específicos en materia de formación en asistencia a las víctimas, especialización en los perfiles y que se agilicen los procedimientos por esta causa; y que los planes de reconstrucción social incluyan medidas contra la violencia de género.