El diputado nacional de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas expresa su preocupación ante declaraciones “deliberadamente ambiguas y confusas” del Gobierno en torno a la presunta imposición de peajes y muestra la inquietud por la red de carreteras de Castilla y León.
“Nos encontramos ante la red más extensa de España y Europa. La futura medida supondría un castigo más para el medio rural, conectividad y comunicaciones”, señala, ya que afectaría directamente a los 2.198 kilómetros de vías de gran capacidad con las que cuenta Castilla y León, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad Urbana y Agenda Urbana a fecha de 2019.
“Castilla y León es territorio de paso de mercancías y viajeros”, recuerda. “El Gobierno de la nación, desde luego, no piensa nada en Castilla y León. Esta tierra también necesita desarrollo”, reivindica López-Bas. Para advertir que la medida dificultará la fijación de población en el medio rural “porque el traslado entre núcleos urbanos se verá penalizado”
Por este motivo, López-Bas, ha registrado un conjunto de preguntas parlamentarias con el objetivo de conocer si el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana faltó a la verdad en sus declaraciones en sede parlamentaria y la presunta imposición de los peajes por parte de la Comisión Europea.
Asimismo, recuerda que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas por el Gobierno de España constata la necesidad de desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad para cubrir costes de mantenimiento e integrar externalidades negativas del transporte por carretera.
Por su parte, ante la situación de incertidumbre, el diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, ha dirigido una pregunta a la Comisión Europea sobre la eventual petición o exigencia europea al respecto, con respuesta a fecha 28 de junio de 2021 por parte de la Comisaria de Transportes, Adina Valean.
Valean asegura que la medida de imponer peajes en carreteras españolas es un mecanismo cuya aplicación según las autoridades españolas (…) podría tener lugar en 2024 y que en cualquier caso, la medida no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la Comisión. Los planes de recuperación y resiliencia son responsabilidad de los Estados miembros.
De ello se concluye, por tanto, que la medida es “única y exclusivamente” una decisión del actual Gobierno de España, “pese a su compromiso expresado de llevarla a cabo previo consenso político con el resto de las fuerzas parlamentarias”.
Y al respecto, “¿es la imposición de peajes en carreteras españolas una medida ya decidida por el Gobierno de España sin condición previa por parte de la Comisión Europea y adoptada sin negociación y consenso con el resto de los grupos parlamentarios?”, concluye.