Todo el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, a excepción de Vox, respaldó el decreto ley remitido por la Junta por el que se endurece el régimen de sanciones para establecimientos de hostelería que incumplen las medidas de límite de aforo y que contempla el cierre cautelar hasta por un periodo de cinco años, informa Ical.
Fue el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien presentó ante el pleno el decreto-ley por el que se modifica el anterior de julio en el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.
Suárez-Quiñones explicó que la reforma amplía el catálogo de infracciones muy graves, que conlleva un cierre cautelar, y prevenirla, y precisó que las medidas restrictivas deben ir acompañadas de un control para evitar la extensión de la pandemia, lo que afirmó que piden los sectores para no penalizar a quienes sí cumplen.
Así, sostuvo que la sanción económica es menor efectiva que un cierre temporal de una actividad y precisó que se añaden como infracciones muy graves incumplir límites de aforo, reuniones, fiestas privado o abierto al público con aglomeraciones y produzcan un riesgo muy grave para la población y la apertura de locales para actos que no hayan sido autorizado cuando se solicitó y no tengan el permiso para riesgo de más de 150 personas.
También, se refirió a sanciones graves que pueden poner en riesgo a las personas para lo que también se prevé la sanción accesoria para un plazo de dos años como incumplir límites de aforo, reuniones, fiestas públicas o privadas en este caso para la salud de 16 a 149 personas. “Pretende ser un instrumento eficaz”, concluyó.
El procurador del PP Pablo Trillo-Figueroa, tras anunciar el voto a favor, habló de la necesidad y urgencia por los que se necesita la modificación del anterior decreto ley y rebatió que la Junta no tenga competencias para esas medidas especiales, como indicó Vox, aunque apuntó a elaborar una norma sanitaria cuando decaiga el estado de alarma.
“A partir del día 10 de mayo nos vamos a encontrar con un limbo jurídico, y no están los jueces para congestionar los tribunales”, enfatizó el popular, que insistió en que se elabore una ley que modernice la actual norma general de sanidad.
Por coherencia, sentido común y responsabilidad anunció el voto a favor de su grupo el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado, que reseñó que, aunque no les gustan medidas excepcionales, la evolución de la pandemia motivó nuevas medidas y un control de su cumplimiento. “Tenemos que seguir siendo responsables hasta el final de la pandemia”, afirmó, para defender la existencia de mecanismos disuasorios como el decreto.
“La realidad es tozuda, hay establecimientos sancionados tres, cuatro veces y parece que no va con ellos”, argumentó, si bien señaló que la mayoría de ellos cumple y no se debe penalizar a los respetan las medidas. “Hay que sancionar a los incívicos que no cumplen con la ley”, concluyó.
No solo restricciones
Laura Domínguez (Podemos) aseguró que tiene que primar la salud, rechazó el “salvase quien pueda” de Vox y pidió que las restricciones conlleven reforzar la sanidad, los servicios y las ayudas a los sectores afectados, aunque reclamó régimen sancionador para quien no cumpla, si bien puso en valor que la mayoría de la ciudadanía cumple, pero, tras expresar el voto a favor, si dudó de la efectividad.
El socialista Jesús Puente, que no cuestionó la vía a través de un decreto ley, manifestó que es la segunda vez que se modifica, preguntó que ha cambiado de octubre a abril para revisar el texto, afirmó que el control de interiores es clave para frenar la pandemia y señaló que no se menciona a hosteleros que cumplen con las medidas y han invertido para garantizar la seguridad de sus locales.
Puente señaló que este sector debe ser uno de los más apoyados, no solo aprobar medidas restrictivas, y anunció el voto a favor pero afirmó que les gustaría convalidar otros con medidas de impulso económico.
Solo Fátima Pinacho (Vox) se descolgó al manifestar que el “texto no hay por donde cogerlo” por recoger competencias que no competen a la Comunidad, a la vez recordó que las medidas restrictivas quedarán sin efecto cuando se levante el estado de alarma el 9 de mayo. “Este texto despide el aroma caciquil del señor Igea”, censuró al rechazar un decreto que calificó de insconstitucionalidad y dijo “no” a más restricciones de derecho.
Por último, Suárez-Quiñones agradeció el apoyo de los grupos y se dirigió la procuradora de Vox para manifestar que se enmarca en la legislación ordinaria y no de la excepcional y que no va en contra de la hostelería pero se debe salvar a los que cumplen de los que quieren “manchar su imagen”.