La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a un funcionario de la Oficina de Expedición de Documento Nacional de Identidad de la Comisaría Provincial de Segovia por «apropiarse de 1.100 euros de las tasas que cobraba en metálico a los ciudadanos que acudían a renovar el DNI».
La condena establece un año y cuatro meses de cárcel, multa e inhabilitación por un delito de malversación y otro de exacciones ilegales. El TSJCYL ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el abogado del condenado y ha rebajado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Segovia, que, en base al veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, le condenó a cuatro años y seis meses de cárcel, multa e inhabilitación para empleo público por un delito continuado de falsedad, malversación y exacciones ilegales.
La Sala considera que los hechos, ocurridos durante enero a julio de 2019, no son constitutivos de falsedad y le absuelve de este delito. «Estamos, pues, ante alteraciones de la verdad real penalmente atípicas por carencia de antijuridicidad material. En consecuencia, los hechos declarados probados no son constituidos del delito de falsedad documental por el que se formuló acusación y condenó, de modo que el acusado debe ser absuelto del mismo, con estimación en este punto del recurso de apelación y revocación parcial de la sentencia recurrida», señala.
A la hora de establecer la pena impuesta por los otros dos delitos, el Tribunal ha tenido en consideración el hecho de que el acusado, iniciado el procedimiento, depositó en el Juzgado 2.000 euros, una cantidad que casi doblaba el dinero malversado (672 euros), y el dinero cobrado ilegalmente a los ciudadanos (456 euros).
