El director general de Asistencia Sanitaria, José María Pino, se reunió hoy con alcaldes y concejales de más de veinticinco ayuntamientos de las Zonas Básicas de Salud en las que se encuentran los centros de guardia de la provincia que serán cerrados en horario nocturno a partir del próximo 1 de octubre. Pino, aseguró durante la reunión que la Junta de Castilla y León “garantizará la asistencia sanitaria en todo momento a toda la población”, y explicó que la modificación horaria responde a que la demanda sanitaria atiende en horario nocturno , de 22 horas a 8 horas, a una media de 1 a 1,5 paciente por día.
La medida supondrá el cierre de guardias médicas de noche en Ayllón afectando a un total de 51 localidades segovianas. La Junta aseguró que para atender la demanda sanitaria de los usuarios fuera de su jornada ordinaria contarán con 13 centros de salud y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la capital. Seis de esos centros de salud disponen además de otras tantos Centros de Guardia, localizados en Turégano, Aguilafuente, Santa María la Real de Nieva, Ayllón, Boceguillas y Bercial.
Durante el encuentro Pino estuvo acompañado por el delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar y el portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Luis Aceves. Además, previamente, el director general de Asistencia Sanitaria, mantuvo una reunión con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Vázquez, y el vicepresidente y diputado delegado de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente.
Los representantes de la institución provincial propusieron a la Junta potenciar el transporte sanitario en los municipios de la provincia para paliar la supresión de los servicios. “Como resulta necesaria la renovación del transporte sanitario para un nuevo periodo 2012-2017, creemos que puede ser una de las soluciones que se den a los municipios, teniendo ambulancias medicalizadas a disposición de cualquier urgencia para los ciudadanos que lo necesiten”, explicó el presidente de la Diputación.
Además, Vázquez informó de la entrega al director general de Asistencia Sanitaria, del documento consensuado por PP y PSOE de la Diputación en el que solicitan una reunión con la Consejería de Sanidad y en el que muestran su apoyo a las localidades afectadas. “También les hemos hecho ver en ese documento que tienen que tener en cuenta, no sólo los ratios asistenciales, sino la seguridad del medio rural y las distancias en kilómetros que hay entre pequeños núcleos de población de la provincia, así como las dificultades climatológicas”, concluyó el regidor provincial.
Temores confirmados
Los temores fueron confirmados para algunos de los alcaldes de la zona como es el caso de la alcaldesa de Ayllón, Sonia Palomar. La edil se mostró pesimista con el resultado de la reunión que indica que “lo que hasta hoy eran rumores se confirme en comunicación oficial y en firme por parte de la Junta”.
Palomar aseguró que “comparte y comprende” las dificultades que la Conserjería de Sanidad a la hora de tener que manejar una red de asistencia sanitaria de dimensiones mayores que las de 2003 teniendo que utilizar un presupuesto aproximadamente igual que el de ese año. No obstante, añadió que los alcaldes de los municipios afectados por la supresión de las urgencias nocturnas, prefieren “prescindir de otro tipo de servicios en esta situación, no del médico” y señaló que defenderán “un derecho muy básico” como es el médico de urgencias. En cualquier caso, concluyó, “hay que despolitizar esta situación, que es muy dramática, pero es una cuestión pura y dura económica”.
Por su parte, el alcalde de Campo de San Pedro, Óscar Barbolla, puso de manifiesto el problema de la distancia entre los pueblos y la capital donde tienen una mayor referencia sanitaria y explicó que en su caso, a 100 kilómetros, “nos cuesta todo más, los desplazamientos son mucho más costosos y repercuten en el ciudadano”.
En este sentido, reivindicó tener un servicio de urgencias “similar al que puede tener cualquier otro vecino de Segovia o del resto de España”, y denunció que no dotar a los centros médicos de los medios oportunos para que puedan prestar un servicio básico, “es una discriminación”.