La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, anunció este martes en Burgos una línea de ayudas para finales de octubre que cubrirá parte del gasto que los locales comerciales de Castilla y León han tenido que ejecutar en equipos de protección colectiva debido al COVID-19, según informa Ical.
Se trata de una medida, que se enmarca dentro del denominado ‘Plan25’ y que será presentado en el seno del Diálogo Social, que se pondrá en marcha a finales del próximo mes para que los comercios puedan presentar las facturas de estos gastos desde el 13 de marzo.
Amigo no concretó el porcentaje del gasto que abarcará esta ayuda dado que “se está pendiente de su concreción presupuestaria”, si bien desde la patronal del comercio, la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco), tampoco se cuenta todavía con una estimación de lo que ha supuesto este gasto. Su presidenta Rosario Sanz señaló que “ha habido un gasto mayor a la hora de abrir con respecto a años anteriores”.
Asimismo, la consejera de Empleo y Turismo también avanzó otra línea de ayudas que la Junta está estudiando para los trabajadores que se encuentren de baja o en cuarentena por COVID-19 consistente en ayudar en la contratación de trabajadores para cubrir estas bajas. Sobre ésta, Amigo reconoció que el Gobierno autonómico está “pendiente” de lo que va a hacer el Ejecutivo central, si bien “la idea es sacar una línea cuanto antes”, dijo. En este sentido, recordó que la Junta ya ha sacado una subvención para cubrir parte de la inversión realizada en equipos de protección individual (EPIs) por parte de las empresas.
La titular de Empleo e Industria mantuvo hoy una reunión con la presidenta de Conferco y otros miembros de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) de Burgos, donde les informó de las iniciativas que está llevando a cabo su departamento para garantizar la máxima prevención y seguridad frente al COVID-19 en el ámbito comercial.
En concreto, la consejera explicó que la Junta ha puesto ya a disposición de establecimientos comerciales y de prestación de servicios, centros y parques comerciales, a través del Portal del Comerciante, los protocolos de actuación que contienen las medidas preventivas y de control que son aplicables a su actividad y de obligado cumplimiento en Castilla y León.
Este documento, que se basa en lo estipulado en el plan aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado 20 de agosto, pretende servir de guía de autocontrol para las empresas del sector, que podrán conocer de forma ágil y sencilla las directrices que deben seguir. En paralelo, la Dirección General de Comercio y Consumo va a iniciar una ronda de controles en las nueve provincias para verificar que en los locales comerciales se están cumpliendo todas las normas sanitarias para asegurar la protección de la salud y la seguridad de trabajadores, consumidores y usuarios. Precisamente, los protocolos citados serán también el texto de referencia sobre los que se basará la actuación de los inspectores.
52 inspecciones semanales
La campaña comenzará mañana miércoles, 9 de septiembre, y se extenderá mientras esté vigente el Plan de Medidas de Prevención y Control acordado por la Junta en el ámbito de la Comunidad. La Consejería de Empleo e Industria ha establecido la realización de un mínimo de 52 visitas de inspección semanales, cuatro en cada una de las provincias de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, y ocho en Burgos, León, Salamanca y Valladolid.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir a generar confianza entre los consumidores respecto al sector comercial, que estuvo muy afectado por las restricciones a la actividad en los meses más duros de la emergencia sanitaria y que aún hoy sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia. Se trata de reforzar la buena imagen del comercio de proximidad y de las grandes superficies, como establecimientos seguros, para incentivar la demanda.
En la campaña trabajarán el personal de la Dirección General de Comercio y Consumo y de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía. El órgano central se encargará de coordinar las visitas, realizar un seguimiento de las mismas y adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las directrices sanitarias. Por su parte, los inspectores de Comercio y Consumo de las provincias efectuarán las labores de vigilancia y control.
El Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, será la normativa de referencia para dictar sanciones, cuyo importe oscila entre los 100 euros por una infracción leve y los 600.000 euros en el caso de infracciones muy graves. Finalmente, la consejera trasladó a los profesionales del comercio el agradecimiento del conjunto del Gobierno autonómico por su colaboración y compromiso en la aplicación de las medidas dictadas para proteger la salud de trabajadores y consumidores.