«Si decae el estado de alarma gran parte del semáforo se mantendrá”, siempre y cuando no afecte a derechos fundamentales, cuando las autonomías tendrán que recurrir a la Justicia para poder adoptar sus decisiones. Esto provocará que se tenga que trasladar al poder judicial, lo que debería hacerse en el legislativo, sentenció la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ante la Comisión de Sanidad de las Cortes, preguntada por los grupos sobre qué pasará a partir del 9 de mayo.
Es más, precisó, que las comunidades tendrán que regirse por la actual Ley de Salud Pública, que es “preautonómica y no responde a todas las necesidades”. “Me hubiera gustado tener una actualización”, dijo, para precisar que ahora cada vez que se tenga que tomar una decisión que afecte a derechos fundamentales, como limitar la movilidad, habrá que recurrir al informes judiciales, que se traducirán «en soluciones distintas, para una misma situación”.
La consejera insistió en la necesidad de que las comunidades autónomas cuenten con una herramienta jurídica con la que puedan tomar decisiones en la lucha contra el COVID-19, con el fin de no “profundizar en heterogeneidades”. Confió en que pueda cristalizar en una reunión de la Conferencia de Presidentes, que el líder del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, no convoca desde el 31 de julio, y a la que varios jefes de Ejecutivos autonómicos le están instando para analizar los pasos en la lucha contra la pandemia a partir de mayo, entre ellos el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El procurador socialista Jesús Puente Alcaraz pidió a la Junta no utilizar el estado de alarma como “arma arrojadiza”, más cuando el PP ha ido “evolucionando en el tiempo y ahora no se sabe lo que se dice”.
