El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha cargado hoy duramente contra la Ley de Publicidad Institucional aprobada este verano con los votos de PSOE, Vox, Podemos y el exvicepresidente Francisco Igea, al considerar que “genera un claro perjuicio a los medios de comunicación” y a “la libertad que siempre debe imperar en ellos”.
Carriedo critica la Ley de Publicidad Institucional y respalda la reclamación judicial de 25 medios de Castilla y León
Las declaraciones de Carriedo se producen un día después de que 25 sociedades editoras de otros tantos medios de comunicación de las nueve provincias de Castilla y León registraran una reclamación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) para pedir la suspensión cautelar de la reforma, al entender que contraviene la Constitución. Los medios firmantes explicaron que la aplicación práctica de la norma podría afectar especialmente a las pequeñas empresas editoras, al introducir limitaciones económicas y nuevas condiciones de acceso a la contratación pública.
– 25 medios de CYL, unidos contra la reforma de la Ley de Publicidad Institucional –
Carriedo manifestó, minutos antes de la apertura de las II Jornadas de Periodismo de Proximidad que acoge Palencia, la solidaridad del Gobierno autonómico con los medios afectados, y recordó que «muchos de ellos han expresado públicamente el perjuicio que esta ley de PSOE y Vox les causa».
El portavoz de la Junta extendió su apoyo «a los medios de comunicación, a los periodistas y a la libertad de expresión», ya que la norma impacta especialmente en «los pequeños medios de comunicación, a los medios digitales y a los medios locales», mientras que «no perjudica a los medios de ámbito nacional, pero sí a los medios de ámbito local, que es contra la que está pensada», aseguró en declaraciones recogidas por Ical.
– Fallece el político y jurista espinariego Rafael Calvo Ortega –
La Ley de Publicidad Institucional, aprobada en julio de 2024, introdujo cambios en el reparto y control de las campañas de la Junta, lo que ha generado un amplio rechazo entre los medios de proximidad, que denuncian una pérdida de independencia y transparencia.
Entre otros puntos, se cuestiona la ampliación de las prohibiciones de contratación con medios sancionados mediante sentencia firme, así como el límite del 33% de ingresos procedentes de publicidad institucional sobre la facturación anual, al considerar que carece de base objetiva y podría generar un trato desigual.
