El Consejo de Administración de Caja Segovia ha aprobado el protocolo de constitución de un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila y Caja Rioja, entidades que también ratificaron el acuerdo hoy.
Con el voto favorable de doce consejeros, una abstención y un voto en contra, salió adelante la propuesta de adherirse al grupo que lidera Caja Madrid y que le convierte en el primero de España en cuanto a número de activos. El voto en contra lo emitió el procurador Juan José Sanz Vitorio (PP), mientras la abstención fue del alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes (PSOE). Además hubo tres ausencias en la reunión, dos representantes del PSOE y uno del grupo de impositores, Pedro Palomo, presidente de la patronal segoviana FES.
Según informó el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, al término del Consejo, la aprobación se realizó “por una mayoría amplísima”, y detalló que se trata de “un protocolo de intenciones con compromisos de trabajar en ese contrato”.
Soto se mostró confiado de las bondades de la nueva alianza, que permitirá una mayor aportación económica, en disponibilidad de recursos y en inversiones. “Se gana más que se pierde”, resumió a la vez que volvió a utilizar símiles futbolísticos para recordar que ahora Caja Segovia juega en “división de honor”. Asimismo justificó que la propuesta de Tomás Villanueva para Caja Ávila y Caja Segovia de incorporarse a la fusión con Caja Duero y Caja España sería “un doble camino de ida y vuelta”, a la vez que consideró negativo que se interfiriera en su proceso.
Recursos
Según Caja Segovia, el nuevo grupo, que enviará la documentación al Banco de España para su aprobación, pedirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 4.465 millones de euros para hacer frente a esta alianza estratégica, y le permitirá disponer de unos activos conjuntos de 340.000 millones de euros.
El peso que tendrá cada una de las siete cajas en el nuevo SIP, sobre la base de su valoración individual, es del 52,06 por ciento para Caja Madrid; 37,70 por ciento para Bancaja; 2,45 para Caja Insular de Canarias; 2,11 para Caixa Laietana; 2,33 para Caja Ávila; 2,01 para Caja Segovia y 1,34 para Caja Rioja.
“Esta unión aumentará el liderazgo de cada caja en sus respectivas circunscripciones, manteniendo su personalidad jurídica, actividad comercial, marca corporativa en sus territorios, así como sus órganos de gobierno y obra social”, añadió.
Atilano Soto también recordó que con la nueva alianza, su área de influencia permitirá trabajar en la provincia de Valladolid, aunque en Madrid las oficinas de Caja Segovia las pase a gestionar la caja presidida por Rodrigo Rato. “En Valladolid, la expansión la llevaría Caja Segovia , como en Salamanca la haría Caja Avila a través de una fórmula que debe constituirse y formalizarse”, apuntó.
La Junta advierte de que la decisión podría ser ‘vetada’ y pide un plan B a Caja Segovia y Caja Ávila
El vicepresidente económico de la Junta, Tomás Villanueva, advirtió hoy a Caja Ávila y Caja Segovia que diseñen “un plan B” por si el Gobierno regional rechaza su integración en la fusión fría impulsada por Caja Madrid. Villanueva explicó que la Junta estudiará “seriamente” el protocolo y tomará la decisión oportuna “con la misma libertad y autonomía que la toman las cajas de ahorro”.
No obstante pidió a las entidades financieras que piensen en una alternativa “por si acaso el gobierno regional dice que no” y recordó que las dos cajas “ya han tenido otro plan B en los últimos dos años en los que han ido pasando de un proyecto a otro con bastante facilidad”.
El consejero de Economía y Empleo añadió que sería “positivo” para Castilla y León que las dos entidades “reflexionaran” antes de tomar una decisión y reiteró que a su juicio, su integración en la fusión de Caja Madrid es “una operación desmesurada”. Villanueva explicó que a juicio de la Junta, dicha fusión no responde con claridad a lo que debiera ser la participación de dos entidades como Caja Ávila y Caja Segovia “en un proyecto de tal envergadura” ya que a su juicio el peso que tendrán “no les permitirá prácticamente ni opinar”.
Villanueva optó por zanjar el asunto asegurando que confía en que los órganos de dirección de ambas cajas tomen la decisión “con libertad” e insistió en que el Gobierno regional tiene una responsabilidad en el procedimiento de autorización de modo que intervendrá una vez que se haya tomado la decisión en sus respectivos consejos de administración.
