Representantes de Caja España y Caja Duero y de los sindicatos UGT, CCOO, la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (Csica) y la Unión de Empleados de Ahorro (UEA), mantendrán mañana una nueva reunión en la que retomarán la negociación del plan laboral, después de que los consejos de Administración ratificaran el pasado martes el acuerdo de fusión. En el último encuentro, celebrado el pasado 28 de diciembre, ambas entidades propusieron a la parte social prejubilaciones, así como bajas voluntarias y contratos parciales.

Éstos fueron los tres ejes de la propuesta de la patronal y que en general los sindicatos rechazaron de plano, al alejarse “miles de kilómetros” de los planteamientos de los trabajadores. Además, el secretario regional de la Federación de Banca y Afines de CCOO, Jesús Olivar, ya ha manifestado que no aceptan el excedente de 846 empleos de los 6.200 existentes y el cierre de 253 oficinas, ya que desconocen los detalles del plan de viabilidad de la nueva entidad, documento que justificaría estas cifras.

Olivar también aseguró que su organización, CSICA y UEA, tratan de buscar un acuerdo con UGT para acudir de la mano mañana a la reunión y mostrar a los responsables de las cajas la unidad de acción de los sindicatos. Reconoció que sus planteamientos no coinciden, aunque precisó que pretenden lograr un consenso para que de alcanzarse un pacto laboral, éste sea ratificado por el total de la representación de los empleados de las dos entidades.

 

Reorganización de la plantilla

 

Los planteamientos de las dos cajas para la “reorganización” de la plantilla recogen prejubilaciones para los empleados de 55 años -cumplidos a fecha de 31 de diciembre de 2009-, y con una antigüedad mínima de diez años. El documento entregado a los sindicatos, al que tuvo acceso Ical, prevé una aplicación hasta los 63 años o hasta la primera fecha posterior en que sea posible la jubilación. La cobertura que plantea es del 75 por ciento del salario de convenio, más un 65 por ciento del salario fijo por encima de convenio, descontando la cuota de Seguridad Social. También propone el abono del convenio especial de la Seguridad Social por el tiempo necesario.

En cuanto a las bajas indemnizadas, las entidades en su propuesta las limitan hasta alcanzar la reducción de empleo proyectada. Las dos cajas ofrecen la indemnización de 45 días de salario por año de servicio con el máximo de 42 mensualidades. Además, serían voluntarias y alternativas a la movilidad en caso de cierre de oficinas y reorganización de servicios centrales. También plantean la suspensión de contratos durante tres años ampliable a cinco si lo solicita el trabajador, siempre según el documento consultado por esta agencia.

En este caso, la indemnización se cobraría en un 30 por ciento al inicio y en caso de no reincorporación por decisión del empleado, se cobraría la diferencia entre la indemnización percibida al comienzo de la suspensión y el importe de la baja indemnizada que hubiera resultado en ese momento. Si la decisión la adoptara la empresa, se abonaría la misma diferencia más la cantidad de 12.000 euros.

Además, Caja España y Caja Duero también ofrecen una reducción de jornada del 50 por ciento, con igual reducción del salario para los empleados que no puedan acogerse a la prejubilación. Su duración máxima sería de dos años.

Otra de las posibilidades que baraja la propuesta de las entidades es la movilidad geográfica de los empleados, derivada del cierre de oficinas, la reorganización de los servicios centrales y las prejubilaciones. Estos movimientos podrían llevarse a cabo durante tres años desde la fecha efectiva de la fusión, sería voluntaria. Además, únicamente, si la movilidad está provocada por las situaciones antes descritas y no se acepta la oferta de movilidad comunicada por la caja, se aplicaría la medida de baja indemnizada.

 

Nuevo marco laboral.

Por otra parte, las dos cajas de ahorro definen en su oferta las directrices del marco laboral de la nueva entidad. Plantean que la jornada anual sea de 1.650 horas y las vacaciones de 25 días hábiles. Para los permisos y excedencias, barajan la posibilidad de crear un modelo integrado por los actuales. Respecto a las retribuciones, las dos entidades aseguran que ningún empleado percibirá tras la fusión un salario fijo anual inferior al que percibía en la caja de procedencia. Los complementos personales y funcionales también se mantendrían con el mismo régimen jurídico que tenían antes de la fusión. También se respetaría, a título personal, el derecho a que los ingresos a cuenta correspondientes a las retribuciones en especie sean asumidos por la entidad.

Así, en lo relativo a la clasificación profesional plantean la aplicación del sistema de clasificación y promoción profesional que recoge el convenio colectivo. También garantizan el mantenimiento de los derechos adquiridos para la clasificación y promoción durante tres años. Además, las direcciones de las cajas se comprometen a establecer un nuevo sistema unificado de clasificación profesional de oficinas que entraría en vigor el 1 de enero de 2011.

La propuesta también alude al plan de pensiones, que se mantendría en los términos actuales durante un año, aunque posteriormente se produciría una integración. Caja España y Caja Duero plantean para el personal de nuevo ingreso, la aportación establecida en el convenio colectivo del sector. Así, las dos entidades proponen el establecimiento de un “nuevo y único” sistema de beneficios sociales.

 

Composición de la mesa

La mesa de negociación del plan laboral para la fusión de Caja España y Caja Duero quedó constituida formalmente el pasado 10 de diciembre. Está integrada finalmente por 22 miembros (11 por parte de los sindicatos y otros tantos de la patronal), con lo que se aprueba la propuesta planteada desde las entidades y la UGT, pese al rechazo inicial de la plataforma integrada por CCOO, Csica y la UEA.

En la mesa de negociación están presentes por la patronal un representante de Sagardoy Abogados, cinco miembros Caja España (el director de División de Recursos Humanos, Carlos Gutiérrez Antolín; el director de la División de Planificación y Control, Agustín Lomba Sorrondegui; el director de la División Financiera Corporativa, José Antonio Fernández Fernández; la directora del Área de Gestión de Personas y Administración, María Cruz León Fernández, y el director del Área de Relaciones Laborales, Manuel González Rozas); y otros tantos de Caja Duero (el director general adjunto y responsable de la División de Desarrollo Corporativo, José María de la Vega; los subdirectores generales Jesús Llorente y Arturo Jiménez; el director de Administración de Recursos, Pedro García Aparicio, y el director de Recursos Humanos, Mariano Sánchez).

Por la parte social, la integran por UGT Aníbal Merayo, Beatriz Mantecón y Antonio Daniel Mata (Caja España) y Francisco Cabañas Enríquez y Pedro González de Tena (Caja Duero). Asimismo, por CCOO participan Javier Castañón (Caja España) y Teodoro López (Caja Duero); por Cesica, Carlos García (Caja España) y Gema Jiménez (Caja Duero), y por UEA, Juan Saldaña (Caja España) y María Ángeles Galante García (Caja Duero).

 

 

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