El Gobierno de España prevé revalorizar el salario de los empleados públicos en 2023 en línea con el Índice de Precios al Consumo (IPC), al igual que ya hace por ley con las pensiones.

Así consta en el Plan de Estabilidad 2022-2025 remitido este viernes por el Ejecutivo a la Comisión Europea junto al Plan de Reformas, en el que señala que “a partir de 2023 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos, así como el de las pensiones en línea con la evolución de precios para todo el periodo contemplado”.

En el documento, el Gobierno indica a Bruselas que, en materia salarios públicos, “a partir de 2022 se materializa el proceso de estabilización” previsto en la Ley de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, así como en la reforma laboral.

Asimismo, señala que “a partir de 2023, los salarios incorporan una tendencia en línea con la evolución de precios prevista”. En 2022 los empleados públicos ya tuvieron un incremento retributivo del dos por ciento.

El ruido o contaminación acústica se ha convertido en “un problema sistémico” en la ciudad de Segovia, según refleja en su informe de 2021, la defensora de la Ciudadanía, Paloma Serrano, procedente de los espacios públicos pero “sobre todo del interior de las viviendas, generando a su vez problemas de convivencia entre los vecinos”. Serrano considera que la Administración local debería intentar solucionar las quejas presentadas por la defensora que el tema del ruido se “arrastra en el tiempo” como demuestra el número de expedientes de queja tramitados en 2021 y 2020 por la Defensoría ante Urbanismo.

Serrano presentó su informe ante la Corporación Municipal, en el último punto del orden del día del pleno ordinario, en el que recuerda que que la Administración local debe cumplir con las normas que contaminación acústica, emanada una de ellas de su potestad normativa como la Ordenanza municipal del ruido y vibraciones, así como la Ley del Ruido de Castilla y León de rango jerárquico superior.

Además del problema del ruido, en sus conclusiones, Serrano hace hincapié en la necesidad de mejorar la accesibilidad en las calles de la ciudad mediante la supresión de las barreras arquitectónicas existentes y facilitar “una auténtica inclusión social de las personas con discapacidad o con movilidad reducida”. Además consideró “necesaria” la coordinación entre las Concejalías que tienen competencias en esta materia.

La actual responsable de la Oficina de la Defensoría de la Ciudadanía de Segovia también da un pequeño tirón de orejas al asegurar que “se torna necesario responder a la petición de los Informes que tramita la Defensoría a las diferentes áreas municipales”, al existir todavía” expedientes de queja sin contestar del año 2018, 2019 y 2020, por no retrotraernos más en el tiempo, que deberían ser contestados”.

En su amplio informe, de 129 páginas de extensión, la defensora de la Ciudadanía resume que, en 2021, realizó 176 entrevistas, 14 de ellas presenciales y el resto telefónicas. En total se realizaron 1.129 actuaciones, con 688 correos electrónicos, 95 llamadas telefónicas recibidos, 142 entradas y salidas de documentación, con la apertura de 28 expedientes.

De estos expedientes abiertos y admitidos a trámite destaca como área más afectada la Policía Local, seguida de Urbanismo y Obras, Servicios e Infraestructuras, en tercer lugar. Relacionados con los ruidos hay quejas en la Plaza de la Tierra, procedentes de los bares y lugares de ocio; quejas por ruidos de pisos de estudiantes en varios puntos de la ciudad. En una de las quejas se habla del uso de una barbacoa en el patio interior de una vivienda.