Amnistía Internacional denuncia las consecuencias del cambio climático en los derechos humanos
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El día 3 de diciembre, Gustavo Pérez, defensor colombiano de derechos humanos y medioambientales, visita Segovia para exponer la realidad social y medioambiental que se vive en su comunidad tras la implantación de una empresa extractiva en la zona, así como para reflexionar sobre cambio climático y sus consecuencias en el pleno ejercicio de los derechos humanos. La conferencia será a las 19 horas, en el aula 105 del Campus María Zambrano.
Desde hace más de 20 años, Gustavo Pérez es líder social y comunitario en el sector de la Macarena-Meta (Colombia), zona de gran influencia de la guerrilla de las FARC. Activista defensor del territorio, durante muchos años su comunidad ha sido reelegido Presidente de la Junta de Acción Comunal por su compromiso y su liderazgo en esta región, creando en 2011 la Fundación para la Defensa y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano (DHOC). Gustavo Pérez es una referencia entre las entidades de Gobierno local, departamental y nacional, así como entre las distintas representaciones de la comunidad internacional como la Organización de los Estados Americanos o las Naciones Unidas.
El cambio climático se debe a la alteración que la actividad humana tiene en la composición de la atmósfera provocando, directa o indirectamente, una modificación en el clima, al que se suma a su variabilidad natural. Además de amenazar nuestra propia existencia, el cambio climático está repercutiendo de forma dañina en el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y los medios de vida. Agravará y magnificará las desigualdades y sus efectos continuarán extendiéndose y agravándose con el tiempo.
Algunas de las peticiones de Amnistía Internacional a los Estados en cuanto a cambio climático: nuevas y ambiciosas contribuciones a nivel nacional para reducir las emisiones de gases contaminantes; garantías para una transición a una economía sin emisiones de carbono y a una sociedad más justa y equitativa; que se respeten, protejan y se practiquen los derechos a la información, a la participación y a los recursos efectivos; que se aumente la financiación y el apoyo a iniciativas climáticas compatibles y que se apoye con recursos de todo tipo a quienes han visto afectados sus derechos de manera negativa por el cambio climático.
