El delegado del Gobierno de Castilla y León, Javier Izquierdo, planteará a la Junta de Castilla y León la creación de la comisión de seguimiento que prevé la disposición adicional primera del real decreto 13/2020 para abordar aspectos como la contratación de personal para el desarrollo de labores agrícolas y ganaderas. Así lo puso de manifiesto durante la reunión mantenida hoy con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad.
En esta cita, en la que participaron los responsables de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo; Coag, Aurelio Pérez; UCCL, Jesús Manuel Palacín; y UPA Castilla y León, Aurelio González, Izquierdo señaló que es en el seno de esa comisión en el que debe revisarse que todas las medidas amparadas legislativamente están poniéndose en marcha “de manera correcta y efectiva” en la Comunidad, y resulten “eficientes” para paliar los problemas de personal que manifiestan las organizaciones en torno al ganado ovino, con las tareas de esquileo para las que hay dificultades para encontrar mano de obra, tradicionalmente llegada de otros países.
Las organizaciones agrarias también temen en adelante dificultades para conseguir mano de obra para la recolección de la patata, hortícola, o de otras producciones, puesto que el 80 por ciento de esa mano de obra, hasta el momento, era inmigrante. A juicio del delegado del Gobierno, se trata de problemas que acotarán las medidas del Gobierno, si bien, dada la situación excepcional que se está viviendo en el país, aseguró que trasladará al Ministerio la preocupación existente en el sector.
El delegado del Gobierno señaló que el sector agroganadero es, ahora más que nunca, un sector estratégico para el país, puesto que es el que garantiza el abastecimiento alimentario, y se comprometió también a trasladar al Canal Horeca la necesidad de darle salida en el mercado nacional a través de esos canales de distribución a productos que están sufriendo de forma importante el cierre de la hostelería, como el cochinillo o el lechazo y la patata del país, entre otros géneros propios.
El real decreto
El articulado de ese real decreto prevé, para que no se vea severamente afectada la producción de las explotaciones agrarias ante la disminución de mano de obra temporera disponible, algunas medidas que permitirán garantizar la producción del primer eslabón de la cadena alimentaria. Entre esas medidas se encuentra la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo u otras de carácter social o laboral con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se consiga suficiente mano de obra por parte de población cercana a los lugares de cultivo para atender las necesidades sin generar desplazamientos excesivos.
De esta posibilidad de compatibilidad también pueden beneficiarse los trabajadores con contratos temporalmente suspendidos como consecuencia del cierre temporal de su actividad. Pero además, el texto permite que se acojan a este sistema los trabajadores migrantes cuyos permisos de trabajo concluyan en el periodo entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio, así como jóvenes nacionales de terceros países en situación regular de entre 18 y 21 años.