Caja Segovia y Caja de Ávila negocian junto con Caja Madrid, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja la conformación de un Sistema Integrado de Protección (SIP) que le permite entrar en el proceso de reestructuración del sistema financiero impulsado por el Banco de España y que debe concluir a mediados de junio. Esta decisión se produce horas después de que las dos entidades de Castilla y León rechazaran integrarse en el Grupo Banca Cívica, en el que participan Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos y supone retomar los trabajos que habían desarrollado meses atrás con Caja Madrid y que paralizaron por el interés de la Junta en que conformaran un grupo regional de peso significativo junto con Caja de Burgos en Banca Cívica.
Las seis entidades que integrarán este nuevo SIP enviaron este viernes una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que informan del inicio de conversaciones y aclaran que se encuentran en una “fase preliminar y adicionalmente, en su caso, sujeto a la aprobación de los órganos de gobierno de las entidades y de las autoridades administrativas competentes”. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno Canario y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, reveló ayer que su entidad había alcanzado un “acuerdo de intenciones» con Caja Madrid que podría culminar en una integración que podría producirse “en los próximos días”. También otras fuentes cercanas a las entidades de Castilla y León apuntaron a la agencia Ical que el trabajo está muy avanzado, por lo que la negociación podría desarrollarse de forma muy rápida, incluso en días.
Esta ‘fusión fría’ dará lugar a la segunda entidad del país, por detrás de La Caixa que hoy mismo ha anunciado el inicio de conversaciones para la absorción de Caixa Girona, con unos activos que suman 227.561 millones de euros y un patrimonio neto de 12.130 millones. Las seis cajas de ahorro que se integrarán suman 19.140 empleados repartidos en 2.967 oficinas. De este modo, Caja de Ávila aportará el 3,13 por ciento de los activos y el 2,96 por ciento del patrimonio neto del nuevo grupo, mientras que Caja Segovia sumará el 2,71 por ciento de los activos y el 2,65 del patrimonio neto.
La conformación de este SIP obligará a crear un banco en el que participaran cada una de las entidades, que deberán integrar al menos el 40 por ciento de su negocio. No obstante, con este sistema las cajas podrán mantener su personalidad jurídica, la actividad comercial y la identidad corporativa en sus territorios de origen, así como los órganos de gobierno y la gestión de la obra social.. Las cajas deben mantener la sociedad conjunta al menos durante 10 años e integrar en ella todas las oficinas que se encuentran fuera de sus áreas de influencia tradicionales. Ello podría llevar a algún ajuste de oficinas que se negociará en el protocolo para la integración. Así, Caja Madrid tiene diez oficinas en las provincias de Ávila y Segovia (cinco en cada una de ellas), mientras que la entidad segoviana tiene abiertos 27 despachos en la Comunidad madrileña y la abulense, un total de 37.
Refuerza la solvencia
A juicio de las entidades que conformarán este nuevo SIP, la creación del grupo permitiría “reforzar la solvencia y la liquidez del conjunto de cajas de ahorros que lo conformen y su calificación crediticia, optimizar sus niveles de eficiencia, así como mejorar el servicio a su amplia base de clientes”. También consideran que alcanzaría “una notable dimensión y cobertura nacional, manteniendo el liderazgo de cada caja en sus respectivos territorios de origen”.
El Banco de España ha redoblado los esfuerzos en las últimas semanas para acelerar las alianzas entre cajas de ahorro, bajo la fórmula de estas fusiones frías, con el objetivo de que el menor número de entidades posibles se quede fuera de una reestructuración del modelo financiero, cuyo principal instrumento es el FROB, un sistema de préstamos que permitirá capitalizar el balance de las cajas, que está sometido a fuertes tensiones por su dependencia del sector de la construcción, y cuyo plazo de solicitud culmina el próximo 30 de junio. La entidad que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez pretende que todo el proceso haya concluido a mediados de junio para poder tener tiempo de presentar las solicitudes. Esta supervisión se ha materializado, en términos generales, en decisiones como la de obligar a un endurecimiento de los requisitos de capital que penaliza a las entidades con más morosidad, mientras que en la Comunidad ha decidido enviar una inspección inmediata a Caja de Ávila, que podría comenzar a aplicarse el próximo lunes, según informaron a Ical fuentes próximas al Banco de España.
Por otro lado, Caja de Ávila y Caja Segovia han aspirado desde hace meses a la integración en un proyecto con Caja Madrid, con la que ya habían iniciado contactos exploratorios después de que fracasara la primera iniciativa de la Junta de crear un SIP en el que se integrasen las seis cajas de la Comunidad. Aquel protocolo, negociado por los directores generales, no llegó a votarse en los consejos de administración de las entidades y, tras ello, tanto la entidad abulense como la segoviana miraron a Madrid como la fórmula para participar en la reestructuración del sistema financiero. Esos contactos se pararon cuando se conoció que Caja de Burgos pretendía participar en una ‘fusión fría’ con Caja Navarra y Caja Canarias ya que la Junta les conminó a sumarse al acuerdo con la intención de crear un grupo regional fuerte en el seno de Banca Cívica, con capacidad de influencia. Sin embargo, los consejos de Caja de Ávila y Caja Segovia decidieron rechazar por amplia mayoría un acuerdo de integración en este grupo ya que consideraban que no se recogía el peso que realmente tenían las entidades y se coartaba su capacidad de expansión al asignarles territorios muy reducidos.
