Si hay mejoras económicas en el contrato de ayuda a domicilio, repercutirán en los trabajadores
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El diputado de Asuntos Sociales de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha asegurado hoy que la institución provincial está dispuesta “dentro de sus posibilidades presupuestarias” a mejorar el contrato del servicio de ayuda a domicilio, y que si llegan deben repercutir en “la masa salarial” y “en las condiciones de prestación del trabajo” de los empleados y no sólo para «el beneficio empresarial”.
De Vicente hizo estas declaraciones tras la ruptura de las negaciones, a principios de este mes, de la la mesa sectorial de la ayuda a domicilio, que también incluye a los 290 trabajadores de la empresa Clece, concesionaria de la prestación de este servicio por parte de la Diputación de Segovia. El diputado de Asuntos Sociales aseguró que la empresa está sujeta a un pliego de condiciones de prestaciones técnicas y de carácter jurídico por lo que estarán “tutelantes y vigilantes” en el cumplimiento del documento.
Miguel Ángel de Vicente afirmó que es “lícito y legal” que los trabajadores reclamen sus derechos desde el momento “en el que no los ven reconocidos” pero que la resolución del conflicto tiene que pasar una negociación porque “se tienen que sentar todas las partes, negociar y reconocer esas circunstancias que parece que no se tienen en cuenta”. Además, de Vicente, argumentó que desde la Diputación de Segovia “ayudaremos a que esto pueda ser así”.
El diputado de Asuntos Sociales se mostró de acuerdo con las afirmaciones de los sindicatos que puede ser “una medida de la presión” de las empresas a las administraciones públicas pero en las posibles mejoras e “incremento” del canon “tendrá que repercutir en los trabajadores” y “no sólo en el ámbito de la patronal”. En su opinión es necesario que las partes “pongan las cartas boca arriba” y con “la presión y la cesión de unos y otros se puedan llegar a acuerdos”.
De Vicente concluyó asegurando que seguirán prestando el servicio de acuerdo con el precio que marca el mercado porque “sale a licitación pública y concurren” pero si se produce, “dentro de las posibilidades presupuestarias” un incremento de la cantidad a percibir por la empresa concesionaria peor siempre tiene que haber “beneficio empresarial” y “beneficio de los trabajadores”.
