El Ayuntamiento de Segovia reclamará a la Agencia Tributaria 16.765 euros por la aplicación del céntimo sanitario, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declarase ilegal a finales del pasado mes de febrero. La alcaldesa, Clara Luquero, reconoce que es “un poco menos de lo que correspondería”, pero los técnicos no han podido recopilar todas las facturas relativas al periodo afectado por la sentencia, que va de 2010 a 2012.
Una vez terminado el cálculo, la Junta Local de Gobierno acordó en su sesión de hoy la solicitud de devolución del llamado Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) “en concepto de ingresos indebidos”, así como “el abono del correspondiente interés de demora”. Y la aprobación final tendrá lugar en el próximo pleno ordinario de agosto, que previsiblemente tendrá lugar a finales de la próxima semana, tal y como avanzaron fuentes municipales a Ical.
Las facturas por las que se reclama la devolución corresponden a la aplicación ilegal del céntimo sanitario en el periodo 2010-2012 por la compra de carburante para los vehículos que conforman el parque móvil municipal. En concreto, de acuerdo con la sentencia del TJUE, se reclaman 2,4 céntimos de euro cada litro de gasóleo o gasolina en concepto de tramo estatal durante los ejercicios citados, y otros 4,8 céntimos por litro de gasóleo por el tramo autonómico que se aplicó en Castilla y León desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2012.
El Consistorio segoviano no ha decidido todavía a qué destinará la cantidad que espera recibir de la Agencia Tributaria, dado que además no hay plazos concretos que permitan conocer cuándo se haría efectivo el ingreso. La Diputación de Segovia, por su parte, ya aprobó la solicitud de devolución de unos 28.000 euros el pasado mes de junio por este mismo concepto; tampoco en este caso hay un destino final definido, aunque fuentes de la Administración provincial apuntaron que “probablemente” se dedique a gasto social.
El céntimo sanitario ha sido aplicado por trece regiones españolas con tipos que oscilan entre 1,2 y 4,8 céntimos de euro por litro de carburante. En el caso de Castilla y León se puso en marcha en marzo de 2012 con 4,8 céntimos de euro por cada litro de gasolina que se reposta, pero el fallo del TJUE considera que incumple la normativa europea en materia de fiscalidad en lo referente a las directivas sobre Impuestos Especiales.